ONG denuncian que presos políticos padecen enfermedades muy graves sin recibir atención médica
El 44,86% de los fallecimientos de personas bajo custodia del Estado entre 2017 y 2022 ocurrieron por condiciones de salud desatendidas, según el OVP
La hipertensión arterial es la condición más frecuente y afecta a 44 de 92 casos
La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) registró en su balance de abril de 2025 que al menos 92 presos políticos enfrentan problemas de salud dentro de los diversos centros de reclusión de Venezuela, cifra que abarca a personas que padecen desde enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes hasta cuadros oncológicos.
El reporte inicial detalla que estos detenidos sufren un deterioro físico progresivo debido a que las autoridades penitenciarias no garantizan el acceso a tratamientos médicos continuos ni aseguran las condiciones mínimas de salubridad que requieren sus diagnósticos, lo cual provoca que patologías manejables se conviertan en emergencias médicas ante la falta de asistencia oportuna en los penales del país.
JEP facilitó a Efecto Cocuyo una actualización de sus registros en agosto de 2025, documento en el cual profundizó la información sobre un grupo específico de 60 presos políticos, 50 hombres y 10 mujeres, que sufren enfermedades que la ONG clasifica técnicamente como “muy graves”.
El informe alerta que estos detenidos por motivos políticos en el país permanecen recluidos sin recibir la atención especializada que exigen sus cuadros clínicos críticos, situación que la ONG describió, en esa oportunidad, como una realidad en la que el número de afectados podría ser incluso superior al documentado, si se considera la dificultad para acceder a información oficial sobre el estado de los presos políticos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en distintos informes, señala que las enfermedades representan una causa fundamental de mortalidad tras las rejas al registrar que el 44,86 % de los fallecimientos de personas bajo custodia del Estado entre 2017 y 2022 ocurrieron por condiciones de salud desatendidas.
Estas estadísticas presentadas por el OVP, son pilares de las denuncias sobre cómo la escasez de agua potable, el hacinamiento crítico y la falta de personal médico en cárceles como El Rodeo I, en el estado Miranda, o El Helicoide, en Caracas, actúan como factores que agravan la salud de los presos políticos mencionados por JEP, quienes ingresaron al sistema penal sanos y desarrollaron patologías o vieron empeorar sus enfermedades preexistentes debido al entorno carcelario.
Hipertensión, diabetes y riesgos cardiovasculares
Los datos suministrados por Justicia, Encuentro y Perdón indican que la hipertensión arterial constituye la condición más frecuente entre la población de presos políticos evaluada, que afecta a 44 de los 92 casos registrados en el corte general de abril. Estos pacientes enfrentan dificultades graves para acceder a los medicamentos antihipertensivos necesarios para regular su presión arterial.
JEP señaló que esta carencia genera riesgos inminentes de accidentes cerebrovasculares o problemas cardíacos, peligros que se materializan en los casos documentados en el informe de agosto, donde figuran 15 presos políticos con enfermedades cardiovasculares y neurológicas severas, incluyendo a siete personas con diagnósticos cardíacos que requieren intervenciones quirúrgicas urgentes, como José Rito Ledezma, detenido en la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (Daet) de Guárico, quien necesita la implantación de un marcapasos por insuficiencia cardíaca, y Rolando Guevara, recluido en el Sebin de El Helicoide, quien presenta una obstrucción de arteria coronaria sin resolver.
La diabetes aparece como la segunda enfermedad con mayor incidencia, lo que afecta a 22 de los detenidos según el registro, quienes carecen de una dieta balanceada y el suministro de insulina que exige el control de esta enfermedad crónica para evitar daños irreversibles en órganos vitales.
El informe al que tuvo acceso Efecto Cocuyo señala casos específicos como el del general Héctor Hernández Da Costa y el teniente coronel Igbert José Marín Chaparro, quienes padecen de estas condiciones que se agravan por la ausencia de tratamiento adecuado e incrementan las probabilidades de desarrollar neuropatías, insuficiencia renal o infecciones severas.
Cuadros oncológicos y neurológicos sin tratamiento especializado
El reporte de JEP identifica a cinco presos políticos con diagnóstico de cáncer que requieren atención de urgencia debido a la naturaleza agresiva de sus enfermedades y la falta de acceso a terapias oncológicas como quimioterapia o radioterapia en los centros de reclusión.
La organización documenta el caso del militar Alejandro Pérez Gámez, quien se encuentra en un hospital de Caracas con adenocarcinoma de próstata y un tumor en la tiroides, así como el caso del civil Enrique Naurix Parada, recluido en el Centro Penitenciario de Oriente en Monagas, quien presenta un cuadro clínico complejo que incluye un tumor en la cabeza del páncreas, cirrosis hepática y diabetes.
Las afecciones neurológicas y psiquiátricas también forman parte del registro, el cual contabiliza ocho casos de personas con daños cerebrales o trastornos cognitivos que permanecen privadas de libertad en condiciones inadecuadas, entre los que destaca el militar José de Jesús Gámez Bustamante en la cárcel 26 de Julio de Guárico, quien sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó secuelas de parálisis parcial.
El listado incluye además a José Luis Luongo Rotundo, detenido en El Helicoide con diagnóstico de Alzheimer y pérdida progresiva de memoria, y al joven Juan Nahir Zambrano Arias en la cárcel de Yare II, quien tiene trastorno del espectro autista, casos que se suman al de Ramón de Jesús Centeno Navas, recluido en el Comando Nacional Antidrogas, quien presenta síntomas depresivos severos e intento de suicidio.
Complicaciones renales, traumatológicas y deterioro físico
El informe finaliza con la documentación de 21 casos de presos políticos que padecen enfermedades renales o complicaciones derivadas de otras condiciones médicas no atendidas, grupo en el que se encuentran siete reclusos con insuficiencia renal, como Francisco José Marcano Benavides en la cárcel de La Pica, quien no recibe el tratamiento nefrológico.
JEP detalla también situaciones de reclusos con secuelas postoperatorias graves, citando al militar Ramón Antonio Lozada Saavedra en el Hospital Militar, quien presenta dificultades de lenguaje y equilibrio tras someterse a tres craneotomías, y a Perkins Rocha en El Helicoide, quien depende de una válvula de derivación por hidrocefalia, dispositivo médico que requiere supervisión especializada continua para asegurar su funcionamiento correcto y evitar infecciones intracraneales letales.
Los registros de las ONGs también abarcan a 19 presos políticos con deterioro físico notorio y lesiones traumatológicas que no han recibido tratamiento ortopédico o rehabilitación, como es el caso de Emirlendris Benítez, recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, quien utiliza silla de ruedas debido a una fibromialgia crónica severa, y el militar Anyelo Julio Heredia Gervacio en El Rodeo I, quien padece una pseudoartrosis de tibia y peroné consecuencia de un disparo.
El documento menciona a Rocío San Miguel, quien presenta una fractura en el hombro derecho sin tratar, casos que fundamentan el llamado que realizan organizaciones como el Foro Penal, la Misión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado permita evaluaciones médicas independientes y garantice el derecho a la salud de los 60 reclusos identificados en situación de gravedad y del resto de los presos políticos.
