NUEVAS CRÓNICAS DE HISTORIA UNIVERSITARIA (15)

La Universidad de Los Andes y hechos políticos en la Venezuela en el Siglo XIX por Alí Enrique López Bohórquez (*)

(*) Coordinador de la Cátedra Libre de Historia de la Universidad de Los Andes

La Universidad de Los Andes ha estado vinculada a hechos políticos locales, regionales y nacionales, bien como resultado de una decisión gubernamental que le afectara, bien como participación de universitarios en asuntos específicos, más a título personal que institucional, aunque en algunos momentos esas actitudes particulares arrastraron y perturbaron a toda la Universidad, a su comunidad universitaria y hasta a la sociedad merideña. Siempre con el desconocimiento, consciente o inconscientemente, de la existencia en Venezuela desde la época colonial hasta el presente de un Estado Docente, al que corresponde formular las políticas educativas del país en todos sus niveles, incluyendo el reconocimiento de la autonomía de las Universidades para formular sus propios planes académicos y el libre manejo de los presupuestos asignados anualmente. En lo que va del siglo XXI hemos visto una de esas actitudes personalista, tanto de autoridades como quienes presiden gremios universitarios que, en nombre de toda una comunidad diversa en pensamiento socio-económico-político, han tomado decisiones que de muchas maneras afectan la dinámica funcional, la convivencia y la sindéresis en la Universidad de Los Andes. Más grave aún, cuando desde 2012 se ha ejercido el gobierno de la institución de manera ilegal, por vencimiento del tiempo establecido por la Ley de Universidades vigente. Es a partir de ese año y durante una década cuando se ha agudizado una crisis académica y administrativa heredada, que hemos calificado en otro escrito de estructural e histórica, sin que se perciba en lo inmediato una solución satisfactoria, de continuar esas actitudes personalistas y de enfrentamiento político que, insistimos, en distintos momentos de su historia desde 1959 ha involucrado a la ULA, violándose la legislación universitaria. 

Crisis agravada con la Pandemia a partir del 2019 y la agudización de la situación política de los gobiernos electos entre 1999 y 2018. No negamos que los miembros de la comunidad universitaria, en su condición de ciudadanos, con deberes y derechos constitucionales puedan expresar sus posiciones políticas, pero no escudándose en la Universidad. Comunidad que también tiene el derecho de asumir posiciones de reclamo a las necesidades de la institución, para lo cual existen los canales regulares conferidos por la legislación, a través de los gremios y de las propias autoridades, a las que corresponde encauzarlas. Esta realidad no es nueva, de la presente centuria, se puso de manifiesto en los cuarenta años que median entre 1959 y 1999, sin que traspasara los límites de la protesta, sobre todo la del movimiento estudiantil. Pero a partir de ese último año se produjo un cambio con actitudes más agresivas expresadas en el respaldo al Golpe de Estado del 2002, al paro petrolero de 2003, el desconocimiento de resultados electorales y lo más sorprendente, el pronunciamiento de autoridades y gremios de aceptación de un Presidente auto proclamado en el 2019, no electo en comicios electorales alguno, por imposición de partidos políticos opositores y el respaldo de gobiernos extranjeros, que nada tienen que ver con la Universidad de Los Andes. Cabe señalar que el gobierno electo en 1999 contó inicialmente con el respaldo de profesores y del movimiento estudiantil de izquierda. En un momento determinado algunos de sus miembros se aliaron con la derecha implicada en los referidos hechos, mientras que otros se han mantenido de manera consecuente con la llamada revolución bolivariana.    

Suele decirse, erróneamente, que la historia se repite o que la sociedad que desconoce su historia está condenada a repetir los errores. Esto último pareciera tener más asidero para poder explicar hechos acontecidos en el pasado que con ciertas similitudes aparecen de vez en cuando, sin que se tenga conocimiento o conciencia de lo ocurrido y las consecuencias derivadas del proceder de algunos miembros de la sociedad o de sus instituciones. El hecho histórico que vamos a describir seguidamente sirve para ejemplificar los que venimos diciendo y para afirmar también que cualquier parecido con la realidad actual de la Universidad de Los Andes es pura y mera coincidencia. Nos referimos a la actitud de algunos catedráticos universitarios de la Universidad de Mérida ante los sucesos conocidos en la historia venezolana, indistintamente, como el Asalto, Asesinato o Atentado contra el Congreso de 1848 por el gobierno del Presidente José Tadeo Monagas. Antes, debemos contextualizar el momento precedente, sintetizar lo acontecido entonces y las consecuencias tanto para esos catedráticos como para la institución en general. Lo primero que debemos señalar, retomando lo antes dicho, es que la Universidad forma parte de un Estado Docente, una relación de origen y continuidad histórica pues tiene su antecedente en la conformación del modelo de Universidad establecido por la dominación española en Hispanoamérica, continuado por las colonias independizadas en catorce años de cruentas guerras (1810-1824) y proyectado desde el siglo XIX hasta lo que va del XXI. Así, la Universidad de Mérida fue establecida por la Junta Superior Gubernativa de Mérida en 1810, restablecida en 1832 por el gobierno de José Antonio Páez, reglamentada por el Código de Instrucción Pública de Venezuela de 1843 de Carlos Soublett y subsiguientes legislaciones universitarias, designadas sus autoridades y catedráticos por los distintos gobiernos entre 1884 y 1958, sin dejar de mencionar la dependencia económica de los presupuestos del Estado desde 1832 hasta la presente fecha. De allí que anualmente las universidades venezolanas, y la Universidad de Los Andes no es la excepción, informan a través las respectivas Memoria y Cuenta, actualmente al Ministerio del Poder Popular de Educación Superior y antes al Ministerio de Educación Universitaria o al Ministerio de Educación. Documento que, junto a la vigente Ley de Universidades (1970) es la mejor muestra de la existencia en Venezuela de un Estado Docente.

Culminada la guerra de independencia con la Batalla de Ayacucho (1824), las ex colonias españolas iniciaron un proceso de conformación de sus respectivos Estados Republicanos, unas de manera autónoma, otras uniéndose antes de finalizada la guerra, como fue el caso Colombia, mejor conocida como la Gran Colombia, por obra del Libertador Simón Bolívar. Producida su ruptura en 1830, en Venezuela (uno de los Departamentos de aquel proyecto bolivariano( se dio inicio al proceso de conformación de un Estado independiente, con Jefes Militares se sintieron con derecho a gobernar la nueva nación. Con excepción del breve período de la gestión civil gubernamental del Dr. José María Vargas (1835-1836), combatientes al lado del Libertador ocuparon por imposición de facto o por elección la presidencia venezolana: José Antonio Páez (1830-1835, 1839-1845 y 1861-1863), Carlos Soublett (1843-1847), José Tadeo Monagas (1845-1851 y 1855-1858) y José Gregorio Monagas (1851-1855). A lo largo del siglo XIX, alzamientos, golpes de estado, insurrecciones, invasiones, revoluciones y guerras civiles, confrontaciones de Liberales y Conservadores (los dos partidos que se conformaron después de la independencia) dieron origen a un caudillismo que caracterizó la imposición de decisiones, en muchos casos, marcadas por un personalismo gubernamental. Mérida y su Universidad no estuvieron ajenas a esta realidad política y militar, ya que fueron afectadas de diversas maneras. Pero fueron los acontecimientos de 1848, durante el primer gobierno de José Tadeo Monagas, los que tuvieron mayor repercusión y perturbaron el normal desenvolvimiento de la ciudad serrana y de su institución universitaria. 

Los hechos tuvieron lugar el 24 de enero de 1848 como consecuencia del traslado del Congreso a Puerto Cabello, propuesto por la Cámara de Representantes, con la finalidad de que el Presidente José Tadeo Monagas tuviera mayor libertad de acción política, lo cual generó un conflicto que dio origen a la muerte de siete personas, de los cuales cuatro eran congresantes, y de varios heridos como consecuencia de la exaltación de los sectores aliados al gobierno contra los opositores al mismo. Coinciden algunos historiadores en que el instigador principal de lo ocurrido fue el propio Presidente Monagas, lo cual se quiso encubrir con un Decreto del 27 de enero de 1848 que disponía una amnistía general por crímenes políticos desde 1830 hasta esa fecha. Sin embargo, se dio inicio a una persecución a quienes le acusaron de ser el promotor principal de lo acontecido en el Congreso o enfrentaban sus despóticas políticas. Para entonces, por Mérida los miembros de la Cámara de Representantes eran el Presbítero José Vicente Quintero y los Doctores Manuel Ponce de León y Pedro Juan Arellano Belandria, mientras que para la Cámara del Senado habían sido electos el Dr. Ciriaco Piñeyro y el Señor Gabriel Picón. Todos universitarios de Mérida vinculados directa o indirectamente con la Universidad para ese momento. Los acontecimientos de lo ocurrido en la ciudad capital en ese día prontamente fueron conocidos en la ciudad serrana a través de documentos publicados en hojas sueltas o en periódicos locales, lo cual dio origen a persecuciones, encarcelamientos y los intentos de destitución de funcionarios de la Universidad de Mérida. El 4 de febrero de 1848 el Secretario de Estado en el Despacho de Interior y Justicia, Tomás José Sanavria, se dirigió al Obispo de la Diócesis de Mérida de Maracaibo, Dr. Juan Hilario Bosset, dándole cuenta de lo sucedido y solicitando su intervención para que se dirigiera a su feligresía y calmara las reacciones políticas que se habían desatado en Mérida contra el gobierno. Por su parte, el Gobernador de la Provincia de Maracaibo, José Antonio Serrano, se dirigió al Obispo Bosset para denunciar las actitudes dictatoriales del Presidente y su responsabilidad en los sucesos caraqueños, pidiéndole también su intervención a favor de los merideños que se habían pronunciado contra lo acaecido en la Cámara de Representantes del Congreso Nacional. 

Veamos entonces lo que acontecería en Mérida con posterioridad inmediata a lo sucedido el 24 de enero de 1848. Ante los sucesos del Congreso, el Diputado por esta provincia, el Dr. Pedro Juan Arellano Belandria, se dirigió a La Guaira para trasladarse a Mérida vía Maracaibo. Desde aquel puerto hizo un primero pronunciamiento contra José Tadeo Monagas y lo sucedido a los congresantes, por lo que el Secretario del Interior y Justicia emitió el 26 de febrero de 1848 una orden de arresto, solicitando al Gobernador de Mérida su inmediata aprensión y remisión a Caracas. Arellano Belandria era nativo de Bailadores, obtuvo en la Universidad los grados de Bachiller en Filosofía (1837), Maestro en Filosofía (1837), Bachiller en Derecho Civil (1841), Licenciado y Doctor en Derecho Civil (1841); también Catedrático de Latinidad (1841-1842) y de Filosofía Intelectual (1842-1849 y 1850-1859), Miembro de la Junta de Inspección y Gobierno (1836-1844, 1846-1864) y quien sería Rector en 1858-1862. El 12 de abril el recién electo Jefe Superior de la Provincia, José Encarnación Morales, dirigió una alocución escrita a los merideños haciendo un llamado de concordia y unión, con la convicción de que el primer magistrado de la República sería magnánimo con quienes habían levantado su voz de protesta. Mientras tanto, en Trujillo también se hizo efectiva la persecución contra los opositores, a través de la causa seguida contra el Pbro. Dr. Ricardo Labastida, universitario que durante su residencia en Mérida había estado muy vinculado a la Universidad y la Iglesia. Pero los hechos más significativos relacionados con la institución universitaria y algunos de sus miembros tuvieron lugar en 1849, cuando el 23 de febrero el Secretario de la Universidad, Dr. Miguel María Candales citó, por orden del Rector Pbro. José Francisco Mas y Rubí, a una reunión del Claustro Universitario, en razón de una acusación del Comandante General de Operaciones de Occidente, con sede en Trujillo, Coronel Florencio Giménez contra los Catedráticos, Rector y Vicerrector de la Universidad, demandando la remoción de sus empleos y la remisión a la capital de la República por desafectos al gobierno de José Tadeo Monagas. Los presentes en esa reunión acordaron en varias sesiones levantar un informe en su defensa, el cual fue concluido y remitido el 25 de febrero de 1849 a aquel comandante militar con las argumentaciones correspondientes y negando participación alguna en actos lesivos a la majestad presidencial y la tranquilidad que requería Mérida y el país en general, aprovechando la ocasión para solicitar al gobierno una mayor atención económica a la Universidad de Mérida, la que desde su fundación había dado ejemplo de rectitud y contribución a la educación y la cultura. El 1 de marzo dicho informe fue remitido a la Secretaría de Instrucción Pública, sin consecuencias para la destitución que había propuesto Florencio Giménez.

No cesó allí el hostigamiento contra los universitarios, pues el 27 de febrero siguiente el Gobernador Político de la Provincia de Mérida, José Gregorio Villafañe, solicitó al Rector noticias sobre las clases, asistencia de los catedráticos y conducta de los bedeles en el cumplimiento de sus deberes para la fecha en que tuvieron lugar los sucesos de Caracas del 24 de enero de 1848. Inmediatamente Mas y Rubí convocó a la Junta de Inspección y Gobierno (Actual Consejo Universitario) para dar a conocer las pretensiones de aquel gobernante, resultando una comunicación del 1 de marzo y un informe del 4 de marzo de 1849, en el que se determinaba que lo solicitado violaba la legislación y el propio Estatuto de la Universidad, pues solo a sus autoridades correspondía tomar medidas sobre el incumplimiento de los deberes de su personal académico y de servicio, lo cual no era potestad de ninguna autoridad gubernamental, salvo que se abriera un expediente al respecto. Ello inmediatamente también fue comunicado a la Secretaría de Instrucción Pública. No satisfecho con la respuesta dada a través del informe, nuevamente el Gobernador Villafañe se dirigió al Señor Rector el 14 de abril de 1849, cumpliendo instrucciones emanadas desde Caracas. Esta vez para exigirle la Nómina de los Empleados de la Universidad para el 18 de febrero de 1848, fecha según en la cual se había dado la conspiración contra el gobierno en Mérida por miembros de la institución universitaria. Otra vez, la Universidad recurrió a sus fueros y autonomía académica legalmente reconocida por la legislación propia y la conferida por el Código de Instrucción Pública de 1843, y que en todo caso sería la Dirección General de Estudios la encargada de solicitar directamente dicha Nómina y no por intermedio de un funcionario político que no tenía facultades para tal fin, todo lo cual fue comunicado al Gobernador y a la Secretaría de Instrucción Pública.

 A pesar de las diversas respuestas de la Junta de Inspección y Gobierno en defensa de su autonomía e incongruencia de las solicitudes del Gobernador de Mérida, aparentemente dictadas desde Caracas, la inquisición de José Gregorio Villafañe continuó en el resto del año 1849 y los dos siguientes. Así lo hizo saber en comunicaciones al Rector del 27 de abril y del 18 de diciembre de ese año, a lo que hubo sendas réplicas por parte de las autoridades universitarias. La última de esas comunicaciones, proveniente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Interior y Justicia, contenía la de fecha 20 de junio de 1849, la que era más explícita para que el Gobernador actuara con respecto de la Universidad y sus Catedráticos, al señalar que Los empleados de esta Universidad que firmaron el acta de pronunciamiento desconociendo al Gobierno, o que de cualquier manera conspiraron y se acogieron después al decreto de indulto de 11 de Mayo del año anterior, quedaron por este hecho inhábiles para continuar en los destinos que desempeñaban cuando delinquieron según lo que expresa el Artículo 3º del decreto citado, y por consiguiente todos los que se encuentran en este caso deben ser removidos de las Cátedras o destinos que ocupan desde que el Gobierno resolvió en 23 de Marzo último la consulta que sobre la materia se le dirigió por esa Gobernación en 9 de Junio del año anterior, y aquellos que no lo hayan sido hasta la fecha deben serlo inmediatamente. Tengo el honor de decirlo a VS en contestación a las notas que sobre el particular ha dirigido a este Ministerio, y para que esta resolución tenga el más pronto y debido cumplimiento. Envalentonado el Gobernador con esa disposición, cierra su comunicación al Rector del 18 d diciembre con estas consideraciones: Lo transcribo a VS para que en las elecciones de esa corporación que deben practicarse el 20 de los corrientes se tengan presentes las prevenciones de S. E. el P. E. contenidas en la resolución insertaJ. G. Villafañe.

 No vamos a extendernos en la continuación del enfrentamiento del Gobernador con la Universidad entre 1850 y 1852, pero si haremos referencia a dos hechos que nos permiten hacer conclusiones finales para contrastar lo entonces acontecido en la Universidad de Mérida con lo acaecido en la Universidad de Los Andes en los últimos veinticuatro años. La actitud del Gobernador Villafañe para con la Universidad de Mérida, a partir de que la Junta de Inspección y Gobierno apelaba siempre a la legalidad estatutaria propia de la institución y a la reglamentación universitaria general del país, estuvo fundamentada en una argumentación legislativa-gubernamental dictada por la Dirección General de Instrucción Pública del 7 de septiembre de 1845, como consecuencia de un impase entre el Gobernador y las autoridades universitarias de entonces, referida a la inspección que podían hacer los gobernadores en la universidad, lo cual era una extensión particular de lo que al Gobierno Central correspondía dentro de la condición existente de un Estado Docente. Un hecho histórico precedente de confrontación política merideña que trataremos en próxima Crónica. El otro asunto es el concerniente a la Celebración en Mérida del cuarto aniversario del 24 de enero de 1848, lo que acontecería el 29 de enero de 1852. Para entonces el Gobernador lo era José Encarnación Morales y el Presidente de la República José Gregorio Monagas, hermano de José Tadeo, autor intelectual de aquel Asalto al Congreso. Se recogieron fondos para la celebración, los funcionarios públicos fueron convocados, pocos asistieron, en la función eclesiástica hubo un número reducido de empleados, el discurso del Obispo fue a favor del gobierno, la llamada sociedad democrática (en la actualidad denominada sociedad civil), la élite merideña, contribuyó económicamente y con su presencia en los actos que incluyeron un paseo por las calles con música y una comida campestre. La nota discordante: los universitarios no figuraron entre los asistentes, clara evidencia del rechazo de aquellas actitudes de la dinastía monaguista contra la Universidad de Mérida durante cinco años. 

En ambos hechos, la inspección gubernamental o la mencionada celebración son antecedentes históricos de análisis y comparación con la realidad actual de la Universidad de Los Andes. Dentro del concepto del Estado Docente se respeta la autonomía académica y administrativa (en el manejo de los recursos económicos asignados, independientemente de que se reconozca que los mismos no sean suficientes para la dinámica funcional de la universidad y el bienestar social de los miembros de su comunidad). A pesar del desconocimiento del actual gobierno por parte de autoridades y gremios de la institución, ninguno ha sido sancionado y ni siquiera se ha asomado la posibilidad de que así sea, a diferencia de lo acontecido en 1970 con la intervención de la Universidad Central de Venezuela por parte del Gobierno de Rafael Caldera, una historia olvidada o desconocida por muchos ulandinos, no solamente con la incursión de las fuerzas militares en recintos universitarios, sino también en la destitución de autoridades y profesores por más de cinco años, muchos de los cuales no serían reincorporados hasta el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Lo que en el caso de la Universidad de Los Andes tuvo lugar antes, cuando a la caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958 fueron rechazados o expulsados de la institución autoridades y profesores como ocurrió, entre otros, con los doctores Joaquín Mármol Luzardo, último Rector de la dictadura, y Jesús Leopoldo Sánchez, destacado catedrático de Derecho Romano, quien había sido Gobernador del Estado Zulia. Volviendo a aquellos sucesos de 1848 y que se prolongaron en la Universidad de Mérida hasta 1852, en cuanto a la persecución de quienes habían manifestado opiniones contra los gobiernos de José Tadeo Monagas, lo cierto es que las acciones gubernamentales contra profesores no tuvieron efecto alguno. 

Para quienes deseen ampliar conocimiento sobre este hecho histórico o de otros acerca de la participación política universitaria en el siglo XIX, recomendamos la lectura de los siguientes trabajos: Eloi Chalbaud Cardona: Historia de la Universidad de Los Andes. Mérida, Ediciones del Rectorado, 1970, Tomo IV, particularmente el Capítulo La Universidad y la Política, pp. 473-544 (Los documentos citados se localizan en esta obra); Carlos Eduardo Chacón Guillén.: La Universidad de Mérida durante los gobiernos de José Tadeo Monagas (1847-1851 y 1855-1858). Mérida, Escuela de Historia / Universidad de Los Andes, 2010 (Memoria de Grado presentada para optar al título de Licenciada en Historia) y Karilyn Julieth Pinto Fonseca: Universidad y Política en la Mérida del siglo XIX. Mérida, Maestría en Historia de Venezuela ( Universidad de Los Andes, 2017 (Trabajo Especial de Grado de Magister Scientiae en Historia de Venezuela).