42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra, 9 de septiembre de 2019
Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias;
Desde la presentación de mi informe a
este Consejo el pasado 5 de julio, la situación de derechos humanos
sigue afectando a millones de personas en Venezuela y con claros
impactos desestabilizadores en la región. Es por ello, que mantengo mi
compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios
sustanciales y poner fin a las violaciones de derechos humanos
documentadas en mi informe.
Se ha logrado restablecer el
trabajo de un equipo de la Oficina en Caracas y el Gobierno ha
confirmado su voluntad de avanzar sobre la base de los compromisos en
materia de derechos humanos asumidos durante mi visita al país en junio.
Sobre la situación penitenciaria y de detenidos ha habido
avances recientes. El 6 de septiembre un miembro de mi equipo fue
autorizado a visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde
(sexta visita a prisiones desde marzo). Se está avanzando en un
protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. De acuerdo
con los compromisos adquiridos con mi Oficina, el Gobierno ha cumplido
con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención
había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de
Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como
otros casos señalados por la Oficina. Queda pendiente la liberación
plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes
obtuvieron medidas parciales.
El Gobierno también se ha
comprometido a establecer un mecanismo para atender casos individuales,
y mi Oficina ya ha remitido 27 casos prioritarios que esperamos se
resuelvan pronto. Asimismo, las autoridades nos han comunicado las
medidas recientemente adoptadas para aliviar la situación médica de
algunos detenidos. Además, el Gobierno está avanzando con respecto a su
invitación al país a diez Procedimientos Especiales en los próximos
dos años.
Por otro lado, la situación económica y social sigue
deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos
económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo
que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya
experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos
básicos, medicamentos y otros bienes esenciales.
Al día de hoy,
el salario mínimo equivale a 2 dólares mensuales, en comparación con
los 7 dólares en junio. Así, una familia necesita percibir el
equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la
canasta básica alimentaria. La dolarización
de facto en varios sectores de la economía está
exacerbando las desigualdades. Los servicios públicos han seguido
presentando fallas graves y recurrentes, con especial intensidad en el
estado Zulia. El desabastecimiento de combustible fuera de Caracas ha
agravado la situación.
En este contexto, el 8 de agosto pasado
expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los
derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el
Gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones
contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia
humanitaria, el escrutinio estricto (over-compliance) del
sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en
la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los
programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a
agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas.
Persisten
serios obstáculos en la disponibilidad y accesibilidad económica a los
alimentos. Por ejemplo, Cáritas registró un 35 por ciento de
desnutrición crónica en los niños y niñas menores de 5 años atendidos
en junio de 2019 en las zonas más pobres de 18 estados.
En
relación con el derecho a la salud, me preocupa particularmente el
insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400,000
personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte
de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de
medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al
desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país
donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a
serios problemas operativos. Adicionalmente, debido a problemas
financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se
encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para ser
trasplantados en el marco de programas estatales. En los últimos meses,
al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso
positivo es que según la Organización Panamericana de la Salud se ha
ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el
sarampión y la difteria.
Mi Oficina ha seguido documentando
casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de
las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional - conocidas
como FAES - en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de
julio la organización no-gubernamental
Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de
presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas. Los
casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe
de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a
los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son
mujeres. Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para
implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES
y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el
contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno.
Según
información recibida recientemente por parte del Ministerio Público,
de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de
fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos. Mi oficina
espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos
humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil
de las víctimas.
En el mes de julio, el Tribunal Supremo de
Justicia ratificó la condena en contra de un miembro de los Servicios
Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN) por el homicidio de
Bassil Dacosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas
anti-gubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de
los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien
prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas por la
oposición en 2017. Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las
investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en
el contexto de protestas.
Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena
Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes
Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena
Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena
Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.
Me
preocupa también el impacto que la extracción de oro, diamantes,
coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco está teniendo en
la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto
ambiental en sus territorios. A pesar de que el Gobierno considera que
se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del
establecimiento del Arco Minero, autoridades indígenas y ONGs sostienen
que no hubo consultas, ni los estudios de impacto ambiental
adecuados.
Desde la presentación de mi informe, la Asamblea
Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado
la inmunidad parlamentaria a otros cuatro diputados de la Asamblea
Nacional, elevando el número total a una parlamentaria y 24
parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su Presidente. Dos
parlamentarios siguen en detención preventiva a la espera de juicio.
Confío en que mi oficina pueda visitarles pronto.
Deseo expresar
mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González a 5 años y 9
meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por hechos
ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Su familia también
ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la
justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del
derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un
tribunal independiente e imparcial.
Me preocupan las recientes
acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades
de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos
del extranjero. Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el
espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno
en contra de la autonomía universitaria.
Mi Oficina documentó
casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de
personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de
militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares
internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a
atención médica adecuada. Solicito a las autoridades tomar acción para
corregir estas prácticas, permitir acceso médico e investigar
violaciones a los derechos humanos.
La autopsia del Capitán
Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que
había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras
en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el
tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos
oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y acusados de homicidio
preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a
las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a
los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar
su repetición.
Según las últimas cifras de Naciones Unidas hay
más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en
el mundo. Celebro los esfuerzos realizados en materia de recepción,
documentación y acceso a derechos en los países de acogida. Concuerdo
con las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del
Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos, sobre
la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura,
ordenada y regular, las mismas no deberían imponer obstáculos de acceso
al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y
exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y
explotación. Preocupan los informes de brotes de xenofobia en países
de la región y redoblo mi pedido a las autoridades de los países de
acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las
personas migrantes y refugiadas.
Mi Oficina ha seguido
documentando casos de personas migrantes víctimas de trata,
particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual,
laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del
crimen organizado y de otros grupos armados. Las víctimas rara vez
denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a
la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados.
Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes
cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas,
aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas
hacia las islas del Caribe.
Me preocupa la información recibida
por mi Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad
civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de mi
último informe a este Consejo, fueron víctimas de descalificaciones
públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación.
Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son
inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de
prevención.
Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi
informe puedan servir como una guía para superar la actual situación.
Mi Oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las
instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá
monitoreando y reportando.
Reitero mi llamado tanto al Gobierno
como a la oposición para que superen sus diferencias y den prioridad a
la negociación que considero como la única manera para poder superar la
actual situación. Una vez más expreso mi disponibilidad y la de mi
oficina, fuera y dentro del país, para acompañar todos los esfuerzos que
contribuyan a superar la actual crisis que afecta a millones de
venezolanos. Apoyo el espacio facilitado por el reino de Noruega, así
como las diversas iniciativas de dialogo que la comunidad internacional
está impulsando.
