Venezuela, la frontera con más
disputas entre los grupos armados
Puente Simón Bolívar
Los riesgos en las fronteras colombianas van más allá
del narcotráfico, una de las economías ilegales más poderosas que mueve al año
16 billones de pesos. La minería ilegal, el tráfico de gasolina, el
contrabando, la trata de personas, la explotación sexual y el reclutamiento de
migrantes son algunas de las dinámicas ilegales que preocupan en los 13
departamentos fronterizos.
Así lo documenta un estudio de la Fundación Ideas
para la Paz (FIP), conocido por EL TIEMPO, que expone los retos del nuevo
gobierno en las fronteras ante un crecimiento de las disputas entre grupos
armados por el control de rentas ilícitas tras la desmovilización de las Farc.
Una de las situaciones más críticas, según el
informe, se vive en la frontera con Venezuela, donde las tensiones entre las
relaciones diplomáticas de los dos países hacen mucho más difícil contener el
crimen. Según la FIP, entre enero del 2017 y mayo del 2018 se han cometido en
esa frontera 148 homicidios. Y entre enero y junio de este año hubo un aumento
del 19 por ciento en los homicidios en Norte de Santander, en la zona del
Catatumbo.
Es en esa región donde el Eln ha tenido una mayor
expansión y sostiene a sangre y fuego una disputa con el Epl, que ahora se
conocen como ‘los Pelusos’, tras el rompimiento de una tregua. Esa violenta
lucha por el poder dejó entre marzo y julio a 16.000 personas desplazadas (unas
5.168 familias) en los municipios de San Calixto, Teorama, Tibú, La Playa de
Belén, Ábrego y Hacarí.
Los ilegales han protagonizado el último año y medio
paros armados, 98 acciones entre hostigamientos, secuestros, enfrentamientos y
emboscadas.
A la ya difícil situación se suma que están
reclutando migrantes venezolanos que han sido vinculados a las dinámicas
criminales en la producción de drogas, trabajando como recolectores en Catatumbo.
También participan en el transporte de sustancias ilícitas y en el contrabando.
“La situación migratoria de venezolanos ha provocado una crisis humanitaria con
baja capacidad de respuesta institucional y de las organizaciones
humanitarias”, dice la FIP.
Y en Arauca se mantiene la tensión entre el Eln y las
disidencias de las Farc por el cobro de extorsiones, el contrabando y el paso
de personas desde y hacia Venezuela. Las disidencias en esa zona, según la FIP,
tendrían unos 150 hombres que estarían reclutando a quienes no han tenido un
proceso de reintegración efectivo, y a niños, incluso menores de 12 años.
La FIP ha registrado tres combates entre el Eln y las
disidencias (dos en territorio venezolano y uno en Colombia) y el asesinato de
tres exintegrantes de las Farc. En Arauca también se han encontrado venezolanos
“adoctrinados como informantes y combatientes”, dice el estudio.
En la frontera con Venezuela, en Cesar y La Guajira,
el ‘clan del Golfo’ se disputa las rutas de la droga y el contrabando.
La zona disidente
La mayor amenaza generada por las disidencias de las
Farc está en las fronteras con Ecuador y Perú. En esa región, en Nariño y
Putumayo, la FIP encontró que en el último año y medio han ocurrido 219
homicidios.
Pero el estudio asegura que aunque el nombre que más
suena es el de ‘Guacho’ y su disidencia, no hay ningún grupo que haya
consolidado la hegemonía, pues, incluso, está enfrentando principalmente en
Tumaco a otros exguerrilleros que no dejaron las armas, como los de las
‘Guerrillas Unidas del Pacífico’, al mando de alias David.
Nariño, según el último Simci, tiene el 29 por ciento
de cultivos ilícitos y se ha convertido en una plataforma de tráfico de
personas que siguen la ruta de Centroamérica hacia Estados Unidos. En esta
zona, en el último año y medio crecieron las disputas entre grupos con 88
acciones violentas, de las cuales el 17 por ciento han ocurrido en territorio
ecuatoriano.
En Putumayo también están las disidencias de ‘Rodrigo
Cadete’, que se han expandido desde Caquetá y Guaviare hacia Puerto Leguízamo,
Puerto Guzmán y Puerto Asís, enfrentadas con el antiguo frente 48. Además de
las rutas de la droga con Ecuador, se disputan el control del tráfico de
madera.
La frontera con Ecuador y Perú es en la que se han
registrado más homicidios de excombatientes de las Farc (18 en Nariño y 2 en
Putumayo) y es el epicentro del mayor número de crímenes de líderes de derechos
humanos, con 19 casos.
La tercera frontera que más preocupa es la de Panamá.
Allí, el ‘clan Úsuga’ ha tenido históricamente el poder. En esa zona, según la
FIP, ha habido este año un aumento del 31 por ciento en los asesinatos, y en el
Urabá chocoano se mantienen enfrentamientos con el Eln.
La investigación dice que en el Urabá el ‘clan del
Golfo’ se estaría reagrupando de cara a un eventual sometimiento, pero las
pugnas entre la misma banda generan incertidumbre sobre esa posible decisión.
'Grupos están aprovechando vulnerabilidad de
migrantes’
Juan Carlos Garzón, director del área de Dinámicas
del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, habla sobre los principales
hallazgos del estudio.
¿Por qué les llamó la atención la situación de las
fronteras?
El trabajo que hemos hecho en todo el territorio nos
advirtió situaciones de enfrentamiento y escalamiento del conflicto en las
fronteras. Eso coincide con las últimas coyunturas, lo que pasó con ‘Guacho’ y
los periodistas en Ecuador, la migración y el flujo de venezolanos en la
frontera con Venezuela, y el ‘clan del Golfo’ en Urabá. Tenemos unas fronteras
calientes, con distintos problemas.
¿Cuál es la frontera que más les preocupa?
La frontera con Venezuela por la crisis que hay con
ese país, las condiciones de inestabilidad política y social. En la frontera se
han roto unos pactos entre organizaciones armadas ilegales, y se tienen
enfrentamientos entre el Eln y el Epl, en el Catatumbo, y otro entre Eln y las
disidencias de las Farc en Arauca. A eso se suma la vulnerabilidad de los
migrantes venezolanos.
¿En qué escala los están reclutando?
Hay que ser muy cuidadosos. La participación de
migrantes en actividades ilegales se da porque están en una condición de
vulnerabilidad. Los grupos aprovechan este flujo para reclutar personas que
vienen en una situación muy difícil, escapando del problema en Venezuela.
Muchos jóvenes que atraviesan la frontera vienen en búsqueda de oportunidades.
Pero en esos flujos hay pasos legales, pero también pasos que no están
controlados por las autoridades, y es allí donde los grupos tienen una
oportunidad.
¿En Nariño están peleando todas las disidencias?
En la frontera con Nariño hay una reconfiguración del
orden ilegal. Eso significa que hay diferentes grupos en competencia para
establecer quién tiene la hegemonía, y esto no solo tiene que ver con economías
ilegales, sino también con el control sobre las poblaciones. Allí hay una
disputa activa en la que hay varias facciones que siguen en una confrontación
armada, y que es el resultado de los vacíos de regulación después de las Farc.
Lo de ‘Guacho’ es lo que más resalta, pero no es el único disidente que tiene
poder. No hay una nueva hegemonía, hay un reacomodamiento.
¿Qué ha pasado con el ‘clan del Golfo’ en la frontera
con Panamá, de cara a un sometimiento?
La influencia de actores armados ilegales en el Urabá
es un hecho histórico. Lo que ha cambiado son los nombres y quiénes son los
protagonistas. Difícilmente uno encontrará un momento en el que el Estado haya
tenido el control territorial. Todavía tenemos al ‘clan del Golfo’, que si bien
ha sido impactado por las acciones del Estado, sigue teniendo presencia. Pero
ahora se han disparado las disputas internas en el bajo Cauca, y hay que
preguntarse qué podría pasar si se someten a la justicia, ¿quién se va a
someter de todas las facciones en juego?
¿Qué tan difícil es coordinar acciones con los vecinos?
Históricamente, las respuesta han sido bilaterales y
reactivas. Ahora Colombia se sale de Unasur, y si bien ese espacio no era
estratégico en términos de lo que se puede hacer en seguridad, es una señal del
momento que estamos teniendo con el vecindario y sobre todo con Venezuela. Esto
dificulta la cooperación y la comunicación.
