“Los caminos de la vida no son como yo quería”, dice aquella canción popular que, con los años, terminó volviéndose una especie de espejo colectivo. Pocos pueden sustraerse a esa verdad: la vida se tuerce en los recodos menos previstos. A veces es un tropiezo menor; otras, un quebranto serio, incluso peligroso. En esos momentos, la diferencia entre el drama y la tragedia suele ser una sola: contar —o no— con apoyo oportuno.
En materia de salud, esa línea se ha vuelto cada vez más delgada. Las últimas décadas no solo trajeron dificultades económicas; también erosionaron una estructura de atención médica que ya venía mostrando grietas. Lo que antes era un sistema imperfecto pero funcional, hoy aparece fragmentado, insuficiente, cuando no inaccesible. Tener a mano un ambulatorio operativo o un hospital que responda mínimamente se ha convertido, para muchos, en un privilegio improbable.
La vieja fábula de la cigarra y la hormiga cobra aquí un sentido inesperado. No se trata ya de previsión individual frente al invierno, sino de la fragilidad de estructuras enteras que, al llegar las “vacas flacas”, descubren que no tienen con qué sostenerse. En ese contexto, pensar en seguros privados —que en otros tiempos suplían carencias puntuales— resulta ilusorio. Salvo excepciones, solo algunas grandes empresas los ofrecen todavía a sus empleados.
¿Solo ellas? No necesariamente.
Una experiencia reciente demuestra que, incluso en medio de severas limitaciones presupuestarias, es posible construir alternativas. No desde el lamento ni la espera pasiva de recursos que no llegan, sino desde la articulación inteligente de lo disponible. Allí donde el Estado se retrae o falla, surgen —cuando hay voluntad— formas de cooperación que permiten recomponer, al menos parcialmente, lo perdido.
Ese ha sido el caso de un convenio de atención médica impulsado en el ámbito universitario, resultado de la articulación entre una asociación profesoral, su instituto de previsión y una fundación autónoma universitaria que logró sobrevivir a políticas adversas. El objetivo era claro: ofrecer cobertura de salud a un profesorado cada vez más envejecido y empobrecido, en ausencia de respaldo oficial suficiente.
Los inicios fueron modestos, como suele ocurrir. Servicios limitados, respuestas parciales, tanteos prudentes. Pero el proyecto creció. Lo hizo apoyado en un recurso decisivo: los aportes acumulados, durante años más favorables, cuando los ingresos permitían cotizar con regularidad y pensar en el futuro. Esa previsión —tantas veces subestimada— terminó siendo la base de una red capaz de atender hoy emergencias complejas, incluidas las cardiológicas, con profesionales de alto nivel y acceso a diversas especialidades.
No es una abstracción. Hablo también desde la experiencia personal. Bastó mi condición de miembro antiguo del gremio para acceder a una atención que resultó vital en una situación crítica de salud. No fue un beneficio gratuito ni fortuito: detrás hay décadas de mis contribuciones sostenidas, hechas con disciplina y confianza en una institución común.
Lo relevante, sin embargo, trasciende lo individual. Este tipo de iniciativas muestra que, aun en contextos adversos, existen márgenes de acción. No todo depende de grandes reformas ni de decisiones macroeconómicas; también cuentan —y mucho— la organización, la transparencia y la capacidad de generar confianza en lo colectivo.
Y ese último punto no es menor. En sociedades marcadas por la desconfianza, cualquier proyecto que administre recursos significativos enfrenta sospechas iniciales. Es comprensible. Pero también es cierto que, sin un mínimo de apuesta compartida, ninguna alternativa logra consolidarse. En este caso, la sensatez de un colectivo que decidió respaldar el proyecto permitió su desarrollo y, con él, la posibilidad de salvar vidas.
Antes habría defendido esta iniciativa por convicción gremial. Hoy la defiendo, además, por evidencia. Porque si la desconfianza hubiera prevalecido, difícilmente estaría escribiendo estas líneas.
