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Por David Jiménez Pérez

Emprender no es para cobardes: El arma legal contra la burocracia por David Jiménez Pérez



Emprender no es para cobardes: El arma legal contra la burocracia por David Jiménez Pérez

Emprender en este país no es para cobardes. Hay que tener una piel muy dura y una determinación de hierro para no tirar la toalla cuando te das cuenta de que el sistema, en lugar de pavimentar el camino para el que quiere generar riqueza, parece empeñado en poner una alcabala en cada esquina. No es solo el riesgo país o la economía; es esa muralla invisible de la burocracia que te consume el tiempo, el capital y, lo más grave, el entusiasmo.

El camino para registrar una empresa se convierte en un laberinto de registros mercantiles saturados, permisos que dependen de otros permisos y una cadena de inspecciones que parecen nunca terminar. Te enfrentas a un desfile de entes municipales exigiendo solvencias, entes estadales pidiendo timbres y organismos nacionales con normativas que a veces hasta se contradicen entre sí. Ver cómo pasan los meses, ocho, doce, hasta catorce meses, mientras tus máquinas están paradas o tu local cerrado porque falta una firma, es una prueba de resistencia que muchos no logran superar. Es una estructura que castiga al que quiere hacer las cosas bien y por la vía legal.

En medio de este desgaste, la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos aparece como un respiro necesario, casi como un acto de justicia. Su gran bondad es que le devuelve la carga de la eficiencia al Estado. Esta ley obliga a las instituciones a dejar de pedir lo que ya tienen, a digitalizarse de verdad y a respetar los lapsos. Ya no se trata de "ver cuándo sale el papel", sino de cumplir con tiempos de respuesta que, de no acatarse, activan mecanismos como el silencio administrativo positivo, dándole la razón al ciudadano frente a la inacción del funcionario.

Para que esta herramienta sea efectiva, la ley se apoya en pilares que cortan de raíz el abuso de poder en la oficina pública. Prohíbe de forma tajante que nos pidan fotocopias de la cédula o documentos que la misma administración emite; obliga a que las instituciones hablen entre sí para que el ciudadano no sea el mensajero del Estado, y exige que cada trámite sea lo más sencillo posible, eliminando pasos innecesarios que solo sirven para alimentar la corrupción. Además, establece que los funcionarios que retarden los procesos sin motivo real deben enfrentar sanciones, porque el tiempo del que produce es sagrado.

Esta ley es, en esencia, un arma cargada contra la burocracia paralizante. Es la herramienta legal que tenemos para exigir que el respeto al tiempo del productor sea la norma y no la excepción. Al final del día, lo que todos esperamos es que este marco legal no se quede en el papel, sino que gane la batalla en la calle, en las oficinas y en las alcaldías. Que venza de una vez por todas a esa burocracia rancia y permita que el impulso de la gente vuelva a ser el motor que mueva al país.