Mérida, Mayo Domingo 24, 2026, 07:32 pm
Durante la Cumbre de Panamá, el consenso más rotundo giró en torno a una necesidad inaplazable: unas elecciones presidenciales que cuenten no solo con garantías técnicas, sino también políticas. Este principio es la piedra angular del Acuerdo de Panamá, cuyo contenido se divulgará en los próximos días.
Para materializar estos comicios ya existen ciertos consensos. En el terreno técnico, es viable organizarlos en un plazo de siete meses; sin embargo, en la arena política el tablero es más complejo. Por ello, los lapsos reales para la votación apuntan hacia el segundo semestre de 2027.
Más allá de las fechas, los asistentes coincidieron en la urgencia de fijar un cronograma electoral inmediato. Este paso es crucial para destrabar los dos principales obstáculos actuales: la renuencia del gobierno interino y la aparente comodidad de la administración estadounidense con el “statu quo”.
¿Cómo avanzar en este escenario?
María Corina Machado ha asumido el rol de “tejedora” política, impulsada no solo por la convicción de que será la candidata presidencial, sino porque su propuesta es la que ha conducido a este nuevo “ momento político”, pese a las críticas de sus adversarios.
Actualmente ella lidera todas las encuestas de opinión, pero en la política venezolana encabezar el maratón no garantiza cruzar la meta, especialmente cuando esta se mueve constantemente.
Por su parte, la “Plataforma Unitaria Democrática (PUD)” enfrenta sus desafíos. Aunque hoy existe unanimidad en torno al liderazgo de Machado, los antecedentes del oficialismo sugieren que las tácticas de presión para fracturar la coalición no tardarán en aparecer.
Una de las estrategias más efectivas del oficialismo —particularmente de la facción de los hermanos Rodríguez— es el manejo de incentivos. A diferencia del estilo confrontativo de Diosdado Cabello, este sector opera bajo la premisa de que el dinero, dentro y fuera de Venezuela, siempre encuentra un bolsillo receptivo.
A esto se suma su capacidad para ejercer un “autoritarismo con glamour”, una fachada sofisticada que les abre puertas en ciertos círculos diplomáticos occidentales.
Aquí radica uno de los mayores retos de la oposición: la necesidad de incorporar a actores internacionales distintos a Estados Unidos. El objetivo es evitar que las fuerzas democráticas queden a merced de dos fuegos: los intereses económicos del nuevo modelo de tutela de Washington, o el pragmatismo de la troika gobernante, que se ampara en la “realpolitik” para diluir la defensa de la soberanía venezolana.
Cualquier intento por fijar la fecha electoral pasa por un acuerdo donde EEUU fungirá como mediador. No obstante, la PUD debe buscar un cambio de reglas: a diferencia de la gestión Biden —que negoció el Acuerdo de Barbados de forma bilateral con el gobierno de Nicolás Maduro—, esta vez la oposición debe tener voz y voto directos en cada pacto.
En sus declaraciones del pasado sábado, Machado afirmó que la primera fase de estabilización del “Plan Rubio” ya concluyó. Las siguientes dos etapas —enunciadas pero aún sin un cronograma público— son la “recuperación” y la “transición”.
Según los planteamientos de Rubio, estas fases no son necesariamente lineales, lo que puede estimular a la Plataforma Unitaria a acelerar los procesos en la medida de lo posible.
Sin embargo, la fase de recuperación económica no avanza al ritmo que la Casa Blanca previó tras sus conversaciones con intermediarios de Qatar. Aunque la troika gobernante ha mostrado celeridad para mostrar apertura, sus intenciones chocan de frente con la desconfianza de los inversores de capital.
Este escenario ya había sido advertido por analistas y conocedores del terreno como el exembajador “James Story”, quien en su momento comparó el optimismo inicial de este proceso con las expectativas desmedidas que surgieron tras la caída del Muro de Berlín.
También las encuestas muestran que el descontento de la población va en aumento. Todo porque, como dicen en criollo, no le han visto el queso a la tostada.
Tal comportamiento también había sido advertido por economistas como José Guerra y Manuel Sutherland, quienes analizan no solo el hecho económico, sino su impacto en la población.
En la Plataforma Unitaria existe un consenso sobre la hipótesis de Machado, en cuanto a que sólo una elección presidencial y un retorno a la democracia puede garantizar la seguridad jurídica que tanto reclama el capital internacional.
Sin embargo, esto necesariamente no es así. Y he allí uno de los riesgos.
Si la Plataforma Unitaria no logra acelerar los tiempos políticos y forzar una fecha electoral, corre el riesgo de que el “autoritarismo Chanel” del oficialismo termine por normalizarse ante una comunidad internacional más preocupada por la estabilidad energética y financiera que por la misma democracia venezolana. /Luz Mely Reyes