En un documento emitido este lunes 1 de junio de 2026, el rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci, formalizó un reclamo contundente ante el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (Mppeu): exigiendo la extensión sin discriminación del denominado “Bono de Responsabilidad Profesional” a la totalidad del personal docente, administrativo y obrero, tanto activos como jubilados.

La solicitud busca el cese de las exclusiones y la asignación equitativa del beneficio para el personal activo, contratado, jubilado y los gremios, según la comunicación dirigida a la ministra Ana María Sanjuán.

El rector fundamentó esta exigencia en la crítica realidad económica que atraviesa el sector universitario, que acumula más de cuatro años percibiendo el mismo salario base, una situación agravada por la inflación y la devaluación sostenida.

Detalló que los ingresos actuales se distancian de forma alarmante del costo de la canasta básica y vulneran el derecho constitucional a un salario digno consagrado en la Ley Orgánica del Trabajo.

“Contraviniendo los principios laborales constitucionales de progresividad e intangibilidad, se ha desmejorado la situación de todos nuestros universitarios. Pasamos de las Normas de Homologación vigentes a instructivos como el de la Onapre, que deterioró aún más el salario y cuya existencia legal ni siquiera pudo ser demostrada formalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia”, enfatizó Bonucci.

Denuncia de discriminación y exclusión de sectores clave

La comunicación a la ministra expresa la preocupación porque el instructivo de aplicación del bono establece criterios excluyentes, limitándolo exclusivamente a profesores ordinarios de dedicación exclusiva, tiempo completo y medio tiempo.

“Esta medida deja por fuera a un volumen masivo de trabajadores indispensables para la operatividad de la institución, incluyendo a al menos 30 profesores ordinarios de la ULA que, cumpliendo con los requisitos, tampoco lo recibieron en los primeros pagos de mayo”, aseguró el rector.

Bonucci enfatizó que, al tratarse de un bono complementario sin incidencia salarial ni impacto en prestaciones o aguinaldos, no existe justificación para diferenciar los montos entre un profesor titular y un obrero, pues todos los sectores padecen la misma pérdida del poder adquisitivo.

Asimismo, recordó que el personal jubilado goza de los mismos derechos de homologación por ley, por lo que privarlos de este beneficio contradice los estatutos históricos del país.

Sectores afectados en cifras

Para demostrar que los datos son auditables y verificables a través de las maquetas mensuales enviadas a la plataforma Patria, Bonucci destacó que el Rectorado consignó el desglose exacto de la comunidad universitaria excluida, que totaliza 13.373 personas.

Finalmente, advirtió que la falta de estímulo económico y la discriminación de estos sectores pone en riesgo inminente la continuidad de programas académicos, obligando al cierre de cátedras e incentivando la fuga de talento de investigadores y personal altamente calificado.

“Apostamos por la reinstitucionalización del salario que permita a todos los universitarios vivir con dignidad”, concluyó. (Prensa ULA / Narcy Delgado / CNP 12.175/ Foto: Lánder Altuve).