Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
ONU
40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
20 de marzo de 2019
Señor Presidente,
Miembros del Consejo de Derechos Humanos,
Excelencias:
La
Resolución 39/1 pidió un informe oral de actualización sobre la
situación en la República Bolivariana de Venezuela. Estoy sumamente
preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis
actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante
factor de desestabilización regional.
Un
equipo técnico de mi Oficina se encuentra actualmente en el país.
Considero que esta es una primera medida positiva y confío en que
conducirá a un acceso continuo de la Oficina en el futuro. Es esencial
que el equipo tenga acceso total e irrestricto, y que no se den
represalias contra ninguna persona que se haya entrevistado o haya
tratado de entrevistarse con ellos.
Desde
junio de 2018 -la última vez que publicamos un informe sobre
Venezuela- el ejercicio de los derechos sociales y económicos ha
seguido deteriorándose continuamente. Los grupos de población más
vulnerables, tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos
y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. Por
ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un número
considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con
Brasil, en busca de alimentos, atención médica y otros servicios
básicos.
Las autoridades
se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en
materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo
que las medidas que han adoptado no han sido suficientes.
La
reciente interrupción del abastecimiento de fluido eléctrico que afectó
a todo el país ha agravado esta situación, al reducir aún más el acceso
de la población a los alimentos, el agua y los medicamentos, y también
ha afectado gravemente a los hospitales. Todavía no se conoce todo el
alcance de los daños ni el número de víctimas directas, pero este
prolongado apagón simboliza los problemas de infraestructura que afronta
el país. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del
transporte público también siguen afectando a muchas personas; esta
situación, combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones
económicas que han desencadenado miles de protestas sociales.
El
sistema de atención sanitaria sigue deteriorándose, lo que repercute
considerablemente en la mortalidad y morbilidad materna, la mortalidad
infantil. La propagación de enfermedades infecciosas, que habían estado
previamente bajo control, es el foco de la reciente campaña de
vacunación implementada por el Gobierno con la ayuda de la Organización
Panamericana de la Salud.
Según
una encuesta reciente, más de un millón de niños han dejado de asistir a
la escuela, la mayoría porque sus padres no pueden proporcionarles el
desayuno, porque los programas de almuerzo escolar han colapsado, por la
escasez de transporte público a precios asequibles, o por la falta de
docentes y personal escolar, muchos de los cuales han abandonado el
país.
Aunque esta
devastadora crisis social y económica comenzó antes de la imposición de
las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes
sanciones sobre las transferencias financieras derivadas de la venta de
petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar
la situación económica, con posibles repercusiones sobre los derechos
básicos y el bienestar de la población.
Asimismo,
me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en
particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia
pacíficas. En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales
ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi
Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos
perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados
progubernamentales, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos,
detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos en condiciones de
detención, así como actos de amenaza e intimidación. Sobre muchas de
estas preocupaciones hemos hecho hincapié en nuestros comunicados de
prensa, y en el informe que presentaremos al Consejo durante el periodo
de sesiones de junio ofreceremos información detallada al respecto.
La
Oficina del Alto Comisionado ha seguido investigando las denuncias de
posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de
seguridad. En 2018, se informó de al menos 205 muertes atribuidas a las
FAES. Otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019
en Caracas. Al parecer, algunos de estos asesinatos se han producido
según un patrón similar: ocurren durante allanamientos ilegales de
domicilio realizados por las FAES, y posteriormente estos órganos
notifican el fallecimiento como resultado de una confrontación armada,
aunque los testigos declaran que las víctimas no portaban armamento
alguno. En determinados casos, los parientes de las víctimas denunciaron
que la Oficina del Fiscal General se había negado explícitamente a
iniciar investigaciones contra miembros de las FAES. La mayoría de las
víctimas vivía en barrios pobres y había participado en protestas
antigubernamentales. Me preocupan particularmente los informes que
indican que las operaciones de este tipo se utilizan como una forma de
represalia e intimidación.
También
me inquieta el aumento de las restricciones a la libertad de expresión y
de prensa en Venezuela y las alegaciones de que las autoridades han
usado arbitrariamente la ley contra el odio, aprobada en noviembre de
2017, para imputar a periodistas, dirigentes de la oposición y a
cualquiera que exprese opiniones disidentes, lo cual termina por generar
autocensura. Este contexto tiene una importante repercusión sobre el
derecho de las personas a la información.
Un
resultado directo de esta vasta crisis humanitaria es que más de 3
millones de personas han huido de Venezuela, en busca de comida,
atención médica, empleo y protección. Muchas de ellas han partido en
precarias condiciones de salud y con poco dinero, a veces sin ninguno; y
sus dificultades se multiplican por las prácticas habituales de
extorsión y confiscación empleadas por algunos agentes de fronteras.
Asimismo, los venezolanos se enfrentan a enormes obstáculos para
conseguir la documentación que les permita facilitar la migración
ordenada y el acceso a la educación y el empleo en otros países.
Los
países de la región se han visto confrontados a la llegada masiva de
personas que a menudo presentan necesidades humanitarias urgentes y
cuyos derechos humanos requieren protección. Esas personas necesitan que
se realicen esfuerzos considerables y coordinados de regularización y
reunificación familiar, y a veces necesitan también acceso urgente a la
atención médica, comida y vivienda, así como al empleo o la educación.
Aplaudo los esfuerzos que han realizado los países receptores de la
región para abordar las necesidades de los refugiados y migrantes
venezolanos y les aliento a que continúen el combate contra la xenofobia
y la discriminación, y mantengan el acceso a su territorio.
Excelencias:
La
polarización está agravando una situación ya de por si crítica. Es
preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos
los interesados, con medidas para mejorar una amplia gama de problemas
urgentes de derechos humanos. Exhorto a las autoridades a que adopten
esas medidas para demostrar su compromiso real con la resolución de los
numerosos desafíos presentes en todo el país. Y quiero insistir en el
compromiso permanente de mi Oficina de trabajar con todos los
interesados pertinentes en los esfuerzos que realizan para mejorar la
situación de derechos humanos en Venezuela.
