Mérida, Octubre Sábado 03, 2026, 05:27 pm
Jorge Villet Salas
En sesión extraordinaria celebrada este viernes, el Consejo Universitario
(CU) de la Universidad de Los Andes (ULA) desmintió las afirmaciones de la
ministra de Educación Universitaria y de la comisión de alto nivel enviada al
CU, quienes aseguraron que la institución no había cumplido con medidas
cautelares ni con supuestas omisiones en la organización de su proceso
electoral.
El Servicio Jurídico de la ULA informó que, en fecha oportuna, se
consignaron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los
documentos requeridos, incluyendo las resoluciones sobre el levantamiento de
sanciones al Reglamento Electoral Transitorio de 2023 y la aprobación del nuevo
reglamento. Según la abogada Mariebe Calderón, la mora corresponde al TSJ, que
en dos oportunidades ha recibido solicitudes de pronunciamiento y cierre de la
causa sin dar respuesta.
Por su parte, la viceministra Socorro Hernández, coordinadora de la
comisión ministerial, señaló que la universidad no había remitido al despacho
ministerial copia del nuevo reglamento electoral ni del cronograma. Sin
embargo, el Servicio Jurídico aclaró que esas no son competencias de la
ministra ni del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
La comisión presentó además una “hoja de ruta” para la vigilancia y
acompañamiento del proceso electoral, propuesta que fue rechazada por mayoría
en la votación de los consejeros, al considerarla un intento de tutelaje
contrario a la autonomía universitaria.
“La ULA es una universidad autónoma y así debemos defenderla. No nos negamos al acompañamiento, pero sí rechazamos cualquier forma de tutelaje sobre nuestros procesos”, expresó la decana encargada de la Facultad de Humanidades y Educación, profesora Mery López de Cordero.
Finalmente, el Consejo Universitario aprobó que el Servicio Jurídico elabore un documento dirigido al CNU y a la comunidad universitaria, en el que se detalle cada paso dado ante la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ, reafirmando que la ULA ha cumplido con todos los requisitos normativos y procedimentales para garantizar la legitimidad de sus elecciones.