El TSJ elimina cuatro tribunales especiales de terrorismo y descentraliza las causas
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eliminó la competencia especializada en terrorismo de cuatro tribunales de control que operaban en Caracas y distribuyó el conocimiento de esas causas entre juzgados ordinarios de primera instancia en funciones de control de todo el país. La medida modifica la organización judicial de estos procesos, aunque no supone la desaparición de todos los tribunales que conocen casos de terrorismo, advirtió Alí Daniels, codirector de la organización Acceso a la Justicia.
La decisión está contenida en una resolución aprobada por la Sala Plena del máximo tribunal y firmada por su presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez. El documento, aprobado el 13 de octubre y difundido este viernes, plantea como objetivos evitar dilaciones indebidas, garantizar el debido proceso y optimizar la administración de justicia.
Los tribunales 30°, 49°, 52° y 13° en funciones de control, adscritos al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, perdieron sus atribuciones especiales en esta materia. La Comisión Judicial del TSJ quedó autorizada para notificar el cese inmediato de las funciones jurisdiccionales de los jueces adscritos a esas instancias.
A partir de la reorganización, los juzgados de control estadales asumirán de forma equitativa las causas relacionadas con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Los expedientes serán asignados mediante sistema aleatorio automatizado y los procedimientos se regirán por las disposiciones ordinarias del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
La resolución establece excepción temporal para los casos que involucren operaciones encubiertas, entregas controladas o interceptaciones telefónicas activas. En esos procedimientos, los tribunales suprimidos conservarán la competencia durante un máximo de 15 días hábiles para completar las diligencias urgentes. Las actuaciones confidenciales deberán permanecer en cuadernos separados y sellados, mientras que la entrega de los expedientes a los nuevos juzgados se hará de forma presencial e inmediata.
Acceso a la Justicia cuestiona la legalidad de los tribunales
Alí Daniels aclaró que la decisión no elimina todos los tribunales especializados en terrorismo, sino que retira las competencias de control que estaban concentradas en Caracas y las distribuye entre los juzgados estadales.
“No se está eliminando a los tribunales de terrorismo. Lo que ocurrió es que los tribunales de control que estaban concentrados en Caracas pierden su competencia en terrorismo y esa competencia se pasa a los tribunales estadales”, explicó a Efe el codirector de la organización.
El abogado sostuvo que estos juzgados no deberían existir porque, a su juicio, no fueron creados mediante una ley, sino por una disposición de rango inferior. En ese sentido, cuestionó la legalidad de su origen y la compatibilidad de su funcionamiento con el principio de legalidad en la organización de los tribunales.
Daniels afirmó que la organización ha solicitado que se revisen los procesos tramitados ante esas instancias y que se declare la nulidad de los juicios que corresponda.
“Lo que hemos pedido es que todos esos juicios que llevan esos tribunales ilegales e inconstitucionales sean nulos”, manifestó.
Pese a sus objeciones, el representante de Acceso a la Justicia considera favorable que los familiares de las personas investigadas por presuntos delitos de terrorismo ya no tengan que trasladarse a Caracas para atender las actuaciones correspondientes a la fase inicial y de control del proceso.
“Es una medida positiva, pero no es ni lejanamente una decisión cercana a la justicia o que solucione el problema de los tribunales contra el terrorismo”, apuntó.
Antecedentes y cuestionamientos a las acusaciones por terrorismo
La reorganización judicial ocurre más de una década después de la creación de los tribunales especializados en esta materia, en 2012, y en medio de conversaciones entre representantes del chavismo y un sector de la oposición que incluyen posibles cambios institucionales, entre ellos en el sistema de justicia.
La actuación de estos tribunales ha sido cuestionada por organizaciones y abogados, especialmente por el uso de la figura penal de terrorismo en procesos contra personas detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024. En ese período, numerosos detenidos fueron acusados de delitos relacionados con vandalismo y violencia, mientras que el entonces fiscal general, Tarek William Saab, los calificó de terroristas en medio de la crisis poselectoral.
El abogado Joel García señaló ese año a Efe que a los detenidos se les imputaba “por igual” el delito de terrorismo, sin individualizar las conductas atribuidas a cada persona. Según explicó entonces, esa práctica contravenía el principio jurídico de responsabilidad penal individual.
García también describió la acusación por terrorismo como "un patrón sistemático y generalizado" contra personas disidentes del gobierno de Nicolás Maduro. Asimismo, cuestionó el alcance de la legislación venezolana sobre terrorismo, que consideró demasiado amplia por incluir conductas de distinta naturaleza. /EN
