EEUU espera que Delcy Rodríguez deje vacante la presidencia venezolana en 2027
El vocero subrayó que la declaración de una falta absoluta en la jefatura del Estado activa, bajo la legislación venezolana, un periodo de seis meses para que se celebren nuevas elecciones.
Un funcionario del Departamento de Estado de EEUU dijo que, una vez se concrete un nuevo TSJ y CNE, Delcy Rodríguez "debería declarar vacante permanente en la presidencia».
El Gobierno de Donald Trump apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar la vacante permanente en la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.
«Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año, y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería declarar la vacante permanente en la presidencia», explicó un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica celebrada este lunes 26 de octubre de 2026.
El vocero subrayó que la declaración de una falta absoluta en la jefatura del Estado activa, bajo la legislación venezolana, un periodo de seis meses para que se celebren nuevas elecciones. Sobre la renovación judicial, precisó que la comisión mixta conformada por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional de 2015 está integrada por profesores de derecho y juristas de reconocido prestigio no vinculados a la política partidista, con la meta de estudiar las propuestas y nominar a 32 nuevos magistrados antes de mediados de diciembre del presente año para su posterior aprobación parlamentaria.
En cuanto al poder electoral, el funcionario adelantó que la reforma del CNE no requerirá ratificación de la Asamblea Nacional y buscará convertir al organismo en una plataforma puramente técnica. El plan contempla retirar al árbitro electoral la facultad de inhabilitar candidaturas o partidos, limitando sus competencias a la instalación de máquinas, el conteo de votos y la difusión de resultados.
Los plazos coinciden con lo expresado publicly por Dinorah Figuera, jefa de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 en las actuales conversaciones con la representación oficialista encabezada por Jorge Rodríguez, quien ha planteado tener un nuevo TSJ antes de que termine el año y la posterior renovación del CNE.
El funcionario estadounidense insistió en que la Administración de Estados Unidos ejercerá su influencia sobre las autoridades interinas para asegurar que las reformas avancen sin contratiempos. «Como Gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable. Nuestro objetivo es lograr unas elecciones en Venezuela en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo», explicó.
Asimismo, la representación norteamericana abordó los retrasos registrados en la mesa de negociación, revelando que el proceso sufrió un freno de aproximadamente ocho semanas debido a la atención humanitaria requerida tras la emergencia provocada por los sismos de junio de 2026 en el país. El vocero defendió además el esquema de cooperación pragmática con las autoridades vigentes como un mecanismo necesario en las transiciones democráticas pacíficas para evitar enfrentamientos armados o una guerra civil.
En respuesta a sectores que cuestionan la velocidad del proceso de transición tras la captura de Nicolás Maduro efectuada en enero por autoridades estadounidenses, el vocero enfatizó la urgencia de acompañar la ruta política con medidas de gobernabilidad económica. Al respecto, advirtió que un futuro gobierno electo heredaría instituciones diseñadas durante tres décadas, fuerzas de seguridad no leales y la mayor crisis de deuda per cápita del mundo, por lo que resulta indispensable estabilizar la economía y los servicios públicos para evitar un pronto colapso institucional.
Tras la captura de Maduro, la Sala Constitucional del TSJ ordenó a Delcy Rodríguez asumir la gestión del Ejecutivo bajo la figura de encargada. En dicha sentencia se decretó la «ausencia forzada» del exmandatario, una figura no prevista en el texto constitucional. Organizaciones como Acceso a la Justicia han señalado que el lapso de 90 días establecido en el artículo 234 de la Carta Magna se encuentra vencido, mientras el Parlamento mantiene pendiente la declaratoria de falta absoluta.
