Daño causado por el sistema de justicia a los derechos humanos es irreparable por Rafael Narváez

Un sistema de justicia que actúa conforme a una disciplina partidista y que usa todo su poder en alianza con los cuerpos de seguridad del Estado para  callar las diferencias y limitar el derecho a manifestar pacíficamente, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 68, es totalmente reprochable.

Actúan sin miramientos al cometer atrocidades, al realizar detenciones arbitrarias y ocultar información del  paradero a sus familiares por más de una semana. A esto se le suman los tratos crueles e inhumanos que dan en los centros de detención como el Helicoide, «cuna de la tortura» y otros que permanecían clausurados  como Tocorón y Tocuyito, reabiertos para albergar a los adolescentes que alzaron su voz en reclamo de la soberanía popular que se expresó a través del voto el pasado 28 de julio.

Esta conducta de nuestro sistema de justicia al violar todas las atribuciones, facultades y competencia establecidas en la carta magna, que son de obligatorio cumplimiento, lo convierten en el adversario más letal de los derechos humanos de nuestra sociedad.

Estamos en presencia de un Estado que siempre está enarbolando las banderas de la paz,  pero ejecuta políticas represivas con el uso de componentes militares y cuerpos de seguridad para silenciar  los reclamos justos de dirigentes políticos y periodistas que, mientras ejercían su profesión, fueron a parar a la cárcel.

El camino de la paz no se construye con prisión; por el contrario, se inicia con tolerancia y justicia imparcial.