Señor presidente Trump: ¿Dónde quedó la revolución del sentido común que prometió? por Jorge Pérez

Hay expresiones que, cuando nacen del liderazgo de la nación más influyente del planeta, no pueden desvanecerse como simple retórica de campaña. Se transforman en compromisos públicos, en estándares éticos y en la vara con la que la historia medirá a quien las pronunció.

​El 20 de enero de 2025, al asumir nuevamente la presidencia, usted Sr. presidente Donald J Trump proclamó el inicio de lo que bautizó como «la restauración completa de América y la revolución del sentido común».

​Aquel concepto resonó con fuerza y a mí en lo personal me pareció poderosa porque el verdadero sentido común trasciende las etiquetas políticas. No pertenece a republicanos ni a demócratas; no es patrimonio de la derecha ni de la izquierda. En su formulación más honesta, el sentido común es — la capacidad de confrontar la realidad sin sesgos, evaluar los hechos con objetividad y actuar con lógica, proporcionalidad y apego a la verdad—.

​Sentido común es entender que las leyes se aplican caso a caso y no mediante estigmas colectivos. Es comprender que los intereses nacionales jamás deberían alcanzarse pisoteando los principios fundacionales de la justicia. Y, sobre todo, es exigir que los actos de un gobierno guarden una estricta coherencia con las palabras que utilizó para justificarlos.

​Por eso, señor presidente, hoy le escribo desde una profunda y legítima perplejidad. Como venezolano que reside, trabaja y tributa en los Estados Unidos, y que ha seguido milimétricamente el destino de su país de origen, veo abrirse un abismo insalvable entre el discurso y los hechos.

​¿Es esto, señor presidente, la revolución del sentido común?

​La primera contradicción:

Documentados en los hechos, criminalizados en el discurso

​Durante décadas, Venezuela fue un proveedor energético confiable para los Estados Unidos. Cuando el mercado estadounidense lo requirió, los hidrocarburos venezolanos mantuvieron en marcha sus refinerías y alimentaron su economía. Hoy, la diáspora venezolana que llegó a este país huyendo del colapso no vino a pedir dádivas: vino a trabajar, a aportar talento técnico y profesional, a fundar empresas y a reconstruir sus vidas en un marco de orden.

​Por eso resulta un insulto al sentido común elemental la ligereza con la que se califica genéricamente de «indocumentados» a decenas de miles de venezolanos que han seguido escrupulosamente los canales legales.

​Hablemos de hechos tangibles: ¿cómo puede llamarse indocumentado a un ciudadano que porta en su bolsillo dos credenciales oficiales emitidas por el propio Estado norteamericano? Por un lado, un Documento de Autorización de Empleo (EAD) expedido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tras rigurosos filtros de antecedentes biométricos; por el otro, una licencia de conducir emitida bajo los estándares federales de la ley REAL ID, la cual exige pruebas irrefutables de identidad y presencia autorizada.

​Reducir a la condición de clandestinidad a quien ha sido expresamente registrado, verificado y autorizado a trabajar por el propio sistema administrativo es un despropósito burocrático y moral.

​Peor aún es la sistemática confusión entre estatus migratorio y criminalidad. Las estadísticas oficiales de detención revelan una realidad elocuente: la inmensa mayoría de los venezolanos bajo procedimientos migratorios no tienen una sola condena penal ni un récord criminal en su haber. Son padres de familia, profesionales, ingenieros, técnicos y obreros.

​Sin embargo, en el discurso público y en la práctica operativa, la distinción entre un miembro de una banda delictiva y un trabajador honesto parece haberse borrado. Casos como el de Wilber Rafael Garcés Pérez en Texas —un joven baleado mientras realizaba labores de reparto— encienden alarmas inapagables sobre la proporcionalidad en el uso de la fuerza y el respeto al debido proceso. Si el sentido común gobierna, ¿dónde termina la aplicación legítima de la ley y el orden, y dónde comienza la cacería indiscriminada motivada únicamente por la nacionalidad?

​La paradoja del petróleo:

Recursos multimillonarios, pueblos en penuria

​Pasemos al plano económico y geoestratégico. Tras la operación militar del 3 de enero de 2026 que culminó con la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense, su administración asumió la custodia y administración de los ingresos derivados de la comercialización petrolera venezolana bajo el amparo de órdenes ejecutivas que reconocían dichos fondos como patrimonio del pueblo venezolano.

​Según reportes consolidados del Financial Times, en tiempo récord las ventas de crudo no solo cubrieron con creces los costos operativos, sino que han permitido acumular más de 13.000 millones de dólares bajo custodia de Washington. En septiembre se anunció con bombos y platillos el mayor acuerdo petrolero de la historia reciente, asegurando participaciones de hasta el 35% y reservas estratégicas a largo plazo para los Estados Unidos.

​El pragmatismo financiero es comprensible, pero el sentido común impone preguntas contables inaplazables:

​Si los barriles siguen saliendo y el flujo de caja se multiplica, ¿por qué el venezolano común sigue padeciendo el colapso catastrófico de su sistema eléctrico, la falta crónica de agua potable, hospitales desabastecidos y una infraestructura en ruinas? ¿Quién audita esos fondos? ¿Cuánto dinero ha retornado de forma auditable a territorio venezolano para aliviar el sufrimiento de su gente? ¿Por qué su Secretario del Tesoro Scott Bessent reconoció ante el Congreso que su departamento administra la cartera de activos venezolanos (incluyendo petróleo y oro), pero dijo no conocer las cifras totales o detalles exactos sobre el monto y la ubicación precisa de dichos fondos?

​La promesa de que estos acuerdos beneficiarían a ambas naciones no puede quedarse en un titular corporativo. Si la máxima es: «América First», que eso no signifique «Venezuela Last».

Si Estados Unidos gana estabilidad y crudo, Venezuela tiene el derecho incuestionable de ver esa riqueza traducida en reconstrucción real, no en un nuevo esquema de opacidad donde el ciudadano de a pie vuelve a ser el gran olvidado.

​La diplomacia del absurdo:

De «cártel» a socio de negocios

​La última y más dolorosa contradicción radica en la coherencia política, y por eso vuelvo a preguntarme por el sentido común.

​Durante años, su administración denunció con severidad irrebatible a la cúpula que detentaba el poder en Caracas, tachándola de organización transnacional y ofreciendo recompensas por sus principales figuras. Sin embargo, tras la caída de la cabeza visible, el resto de la estructura no fue sometida a una rendición de cuentas, sino ascendida a interlocutora prioritaria.

​Resulta difícil explicarle al ciudadano común cómo una figura como Delcy Rodríguez —quien hasta hace apenas meses promovía campañas de recolección de firmas y agresiones retóricas contra usted señor presidente Trump y contra los Estados Unidos— pasa de ser parte de esa estructura denunciada a ser recibida en el marco de la Asamblea General de la ONU y tratada como socia de facto en acuerdos comerciales y energéticos, la muy “respetada” Delcy.

​Nadie desconoce la necesidad del diálogo diplomático. La política internacional exige sentarse con adversarios. Lo que repugna al sentido común es la falta de transparencia sobre lo que motivó el giro: ¿Cambiaron los principios morales o simplemente cambiaron las prioridades comerciales? ¿Bastó una firma sobre un contrato petrolero para borrar de un plumazo el prontuario de delitos, abusos, saqueo y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que desangraron a nuestra nación?

​El verdadero sentido común

​Señor presidente: usted prometió gobernar con lógica, justicia y apego a la realidad práctica.

​El sentido común no es negociar con quienes saquearon un país mientras se persigue y se señala al migrante que huyó de ese mismo saqueo para trabajar honradamente en sus ciudades.

​El sentido común exige:

1. ​Diferenciación estricta: Perseguir con todo el peso de la ley a los delincuentes reales, pero respetar la dignidad, los documentos y el debido proceso de quienes aportan valor a esta gran nación.
2. ​Cuentas claras: Publicar con transparencia milimétrica el destino de cada dólar generado por el petróleo venezolano bajo custodia estadounidense, garantizando que financie la recuperación del sistema eléctrico, los servicios básicos y las libertades del pueblo venezolano.
3. ​Coherencia moral: Que los intereses energéticos de corto plazo no sirvan para legitimar a los mismos actores que destruyeron la democracia en Venezuela.

​Usted pidió que los hechos hablaran por encima de las ideologías. Quienes conocemos de cerca las consecuencias de la incoherencia y el quiebre de la palabra gubernamental porque lo vivimos con los dictadores de la cleptocracia narco criminal, le hacemos hoy la misma pregunta que resuena en las calles y en la conciencia de millones de estadounidenses, venezolanos y ciudadanos del mundo:

​Señor presidente, ¿dónde quedó la revolución del sentido común?