Mérida, Septiembre Jueves 17, 2026, 05:37 am
La fractura catastrófica del rodete
de la Unidad 17 en la Casa de Máquinas 2 de la Central Hidroeléctrica Simón
Bolívar en Guri no es un accidente imprevisto ni una falla fortuita: es la
factura inevitable de dos décadas de desidia, desprofesionalización y
negligencia criminal en el manejo del Sistema Eléctrico Nacional.
A finales de agosto, el
desprendimiento de un sello de desgaste inferior terminó por trabar
violentamente una masa rotatoria de 145 toneladas de acero inoxidable y casi
siete metros de diámetro. El torque destructivo quebró la corona superior del
rodete y partió dos de sus 15 álabes. La pieza quedó inservible. No existen
soldaduras provisionales ni rellenos de taller que devuelvan la vida a un
componente de estas dimensiones; exige un reemplazo fabricado a la medida que
tomará, en el escenario más favorable, entre uno y dos años de espera.
El impacto directo sobre la red
eléctrica es demoledor: la pérdida no se limita a los más de 700 MW
individuales de la máquina. El verdadero golpe al país supera los 1.200 MW
debido al efecto dominó sobre el Bajo Caroní. Al frenarse ese inmenso volumen de
agua turbinada en Guri, las centrales hidroeléctricas en cascada aguas abajo
—Caruachi y Macagua— ven mermado el caudal imprescindible para sostener su
propia generación de energía. Si a esto sumamos una Unidad 15 que agoniza con
severos daños por cavitación, fisuras críticas y pérdida masiva de metal en sus
álabes, el corazón hidroeléctrico de la nación se encuentra en una fase de
vulnerabilidad extrema.
Este descalabro hidráulico tiene una
causa de fondo indiscutible: la ruina provocada en el parque termoeléctrico
nacional. Tras el saqueo de multimillonarios presupuestos en sucesivas
declaraciones de «emergencia eléctrica», las plantas térmicas del país yacen
paralizadas en más de un 80%. De más de 25.000 MW de capacidad instalada, el
sistema apenas extrae a duras penas entre 2.800 y 2.900 MW continuos.
Sin un respaldo térmico operativo,
Corpoelec recurrió a una temeridad e irresponsabilidad gerencial: exprimir las
turbinas del Caroní las 24 horas del día, los 7 días de la semana, suprimiendo
las paradas técnicas y los mantenimientos preventivos. La política oficial se
redujo al refrán coloquial de «dale hasta que el golpe avise». Y el golpe acaba
de fracturar el eje energético del país.
Ante esta emergencia, las promesas de
soluciones milagrosas y acuerdos publicitados carecen de sustento frente a las
leyes de la física y los tiempos de la ingeniería. Los planes anunciados con
corporaciones como GE Vernova contemplan horizontes de 12 a 24 meses solo para
aportar cerca de 1.000 MW térmicos, gran parte de ellos condicionados a
sostener la infraestructura petrolera de PDVSA. Pero lo más grave es que GE
Vernova no posee las patentes, la matricería ni los derechos de diseño para
fabricar o intervenir de emergencia las turbinas de Guri, concebidas bajo la
ingeniería de otros fabricantes internacionales. No hay atajos técnicos para
revertir años de abandono.
Cualquier incorporación puntual, como
los 150 MW reactivados en plantas del centro del país, queda devorada de
inmediato por el gigantesco hueco de 1.200 MW dejado en el sur. Mientras las
autoridades insisten en la opacidad informativa, la realidad la constata el
ciudadano de a pie en sus hogares, donde familias y ancianos miden el rigor del
colapso con el cronómetro de la indignación, atrapados en cortes eléctricos
diarios que ya superan las 8 y 9 horas continuas.
Finalmente, ante la gravedad de esta
hora, hago un llamado urgente y un firme exhorto a los responsables de la
administración del Sistema Eléctrico Nacional: es imperativo que dejen a un
lado el dogmatismo y tomen decisiones pragmáticas y de Estado en el marco de
los acuerdos de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. A pesar de
las visiones encontradas que puedan existir respecto a las energías renovables,
la realidad operativa exige actuar con velocidad. Es perentorio ejecutar
inversiones inmediatas en el despliegue de parques fotovoltaicos de mediana y
gran escala, integrados con sistemas de almacenamiento en baterías (BESS),
ubicados en nodos estratégicos del Centro, Occidente y la región Nor-Costera.
La construcción de estas instalaciones toma apenas entre 4 y 12 meses, tiene un
costo por megavatio significativamente menor que la gran termoelectricidad
tradicional y permite aprovechar la infraestructura actual de transmisión y
distribución con adecuaciones mínimas para evacuar potencia de forma rápida. El
pueblo venezolano exige soluciones tangibles para frenar el sufrimiento
cotidiano; incorporar estas fuentes descentralizadas no es un debate teórico,
sino la única vía expedita para soslayar la demanda actual, aliviar la presión
sobre el Caroní y comenzar a sacar al país de la oscuridad en menos de los 24
meses previstos en el acuerdo con General Electric Vernova y ante el mayor
déficit que se está presentando.
(*) Experto en Energía, Mercado Eléctrico y Políticas Públicas. Director de la Red Internacional de Profesionales del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela (RIPSENV) y del Instituto Interamericano de Energía y Sostenibilidad (IIES)