AN sanciona por unanimidad Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico
La ley fue aprobada por unanimidad. Foto: Fausto Torrealba.
Se amplía la participación privada y, aunque la tarifa será indexada a la moneda de mayor valor, la ley establece subsidios.
La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó en la sesión ordinaria de este martes el proyecto de ley de Reforma Parcial de la Reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico.
Al salir del hemiciclo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, declaró: «Hoy en la Asamblea Nacional se aprobó una reforma profunda de la Ley Orgánica de Prestación del Servicio de Energía Eléctrica en la República Bolivariana de Venezuela. Ha sido un proceso muy arduo de discusión. Fue una iniciativa de la presidenta Delcy Rodríguez, y las diputadas y diputados de la Comisión de Servicios se dedicaron a un proceso de consultas amplias con los posibles prestadores de servicio, con los trabajadores y las trabajadoras del Ministerio de Energía Eléctrica y, de manera principalísima, con las usuarias y usuarios del sistema de energía eléctrica».
Precisó que, entre las bondades del nuevo instrumento legal, se permite «la incorporación de la prestación privada del servicio; es decir, que pueda darse la autogeneración, que un privado genere electricidad y pueda proporcionar, a cambio de una tarifa establecida, proporcionársela a empresas, a industrias, a centros comerciales y, de esa manera, se contribuirá a aumentar la oferta de energía eléctrica en el sistema eléctrico nacional».
Agregó que se crea una superintendencia especial «que va a atender todos los elementos relacionados con la prestación del servicio, con el proceso de autogeneración, con el proceso de tarifas correspondientes, a que no se perjudique en modo alguno el sistema eléctrico nacional, a que no se perjudique la red de distribución del sistema de energía eléctrica», subrayó.
Rodríguez explicó que además se establece un régimen de penalizaciones: «aquellas penalizaciones que se refieran a que no se cumpla con el servicio de forma adecuada, a que se afecte la distribución del sistema público de energía eléctrica, a que haya una oferta engañosa en ese proceso. Y también se establecieron cuáles son las bondades y cuáles son las garantías que van a tener los privados que quieran participar en este rango de la economía».
Al ser consultado sobre la privatización, aclaró que se trata de una «ampliación de la prestación del servicio de energía eléctrica. El servicio de energía eléctrica en Venezuela estuvo por más de 100 años privatizado, sobre todo privatizado en aquellas zonas que producían ingentes beneficios a los sectores privados prestadores del servicio. Recordemos en manos de quién estaba la electricidad de Caracas hasta el año 2007; y quedaba para la prestación por parte del Estado aquellas zonas que, por ser zonas retiradas, no le generaban ningún tipo de beneficio económico a los privados», precisó.
El presidente del parlamento enfatizó que ahora «el Estado mantiene la obligación permanente de atender la prestación del servicio de energía eléctrica, pero también puede entrar un privado, un privado que autogenere, un privado que instale una planta, un privado que importe electricidad de algún país vecino y pueda él, importando esa energía eléctrica, proporcionársela a un usuario o una usuaria a una tarifa que está convenida en la ley también».
Explicó que el sector privado podría prestar servicio «sobre todo a los grandes consumidores», como las industrias y los centros comerciales.
Al preguntarle sobre si las tarifas serán indexadas a la moneda de mayor valor, respondió afirmativamente, pero aclaró que la ley prevé subsidios «sobre todo a aquellas personas que por su nivel de ingreso no puedan pagar una tarifa, como sí la pueden pagar los industriales o las personas que tienen actividad comercial».
Régimen tributario aplicable
En lo que respecta a las actividades del Sistema Eléctrico Nacional, la norma establece que estarán sujetas a la coordinación y armonización del régimen tributario aplicable.
Los municipios no podrán gravar el tránsito de electricidad en alta tensión, la capacidad de generación ni los peajes de transmisión, limitando sus tributos a tasas por servicios locales efectivamente prestados.
La presidenta o el presidente de la República, en consejo de ministros y mediante decreto, podrá otorgar exoneraciones totales o parciales de tributos de carácter temporal, general y no discriminatorio, cuando su finalidad sea promover la expansión, confiabilidad, eficiencia, sostenibilidad ambiental o seguridad del Sistema Eléctrico Nacional.
Los estados y municipios, de conformidad con sus leyes y ordenanzas, podrán establecer incentivos fiscales, rebajas o beneficios temporales destinados a promover la expansión, modernización, eficiencia y continuidad del servicio eléctrico en sus respectivas jurisdicciones, siempre que tales medidas no comprometan la sostenibilidad ni contravengan la metodología tarifaria aprobada por la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional.
Sanciones a autogeneradores
Quienes operan instalaciones de autogeneración, cogeneración y generación en sistemas independientes serán sancionados con multa de 1.000 a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela por la comisión de cualquiera de los siguientes hechos: negar el suministro de electricidad o incumplir instrucciones de las autoridades públicas competentes durante un estado de excepción o situaciones de emergencia, o suministrar energía al sistema eléctrico nacional en condiciones distintas a las establecidas en esta ley, su reglamento y normas aplicables.
Se indica que, «sin perjuicio de las multas que correspondan aplicar de conformidad con lo previsto en esta ley, serán sancionados con la revocatoria de la habilitación administrativa los propietarios de instalaciones de autogeneración mayores a los 2 megavatios que nieguen el suministro de electricidad en estado de excepción que hubiere sido declarado por el Ejecutivo Nacional».
Sanciones a usuarios y usuarias
Las usuarias y los usuarios del Sistema Eléctrico Nacional serán sancionados con multas calculadas en función del tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela al incurrir en cualquiera de los siguientes hechos:
Realizar cambios en el uso de la energía eléctrica no autorizados por la empresa operadora que impliquen la aplicación de una tarifa distinta, con multa desde 50 hasta 10.000 veces dicho tipo de cambio.
Efectuar una conexión o consumo no autorizado a las instalaciones eléctricas de la empresa operadora, con multa desde 100 hasta 50.000 veces.
Conectar equipos que causen perturbaciones al Sistema Eléctrico Nacional de acuerdo con las normas de calidad correspondientes, con multa desde 500 hasta 50.000 veces.
Alterar, dañar o modificar los medidores, sus equipos asociados y los dispositivos destinados a la prestación del servicio, con multa desde 100 hasta 50.000 veces.
Impedir el acceso al punto de suministro al personal autorizado y debidamente identificado de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional o de la empresa operadora, con multa desde 100 hasta 1.000 veces.
Suministrar energía eléctrica a terceros sin la autorización de la empresa operadora, con multa desde 100 hasta 50.000 veces.
Negarse a desconectarse de la red de la empresa operadora cuando así lo ordene la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional o la propia empresa, con multa desde 100 hasta 5.000 veces.
Incumplir las resoluciones de uso racional y eficiente de la energía eléctrica, con multa desde 100 hasta 50.000 veces.
Variar la capacidad instalada o la carga total conectada sin declararla a la empresa operadora ni contar con su autorización, con multa desde 500 hasta 50.000 veces.
Cinco años de prisión por hurto
La ley establece que «el hurto de los equipos o instalaciones utilizados para la prestación y medición del servicio eléctrico, con fines de lucro, será penado con prisión de dos a cinco años».
Sanciones a empresas operadoras
Las empresas operadoras podrán ser sancionadas con una multa de hasta el 2% de sus ingresos brutos —calculados sobre los 12 meses anteriores a la falta— si incurren en cualquiera de las siguientes infracciones:
Incumplimiento normativo e instrucciones: Incurrir en el desacato de las normas de instalaciones, de la normativa contable, de las exigencias de calidad del servicio o del régimen sobre la aplicación y recaudación de tarifas, incluyendo el cobro de tarifas no autorizadas o su cobro irregular. Asimismo, se sancionará el incumplimiento reiterado de las instrucciones impartidas por las autoridades del Sistema Eléctrico Nacional.
Obstaculización y falta de información: Negarse de forma injustificada a permitir inspecciones y verificaciones de la autoridad competente, incumplir las medidas derivadas de estas o incurrir en la falta reiterada de entrega de la información requerida en los plazos y formas establecidos.
Faltas en el servicio y mercado eléctrico: negar, interrumpir o suspender de forma injustificada o ilegal el suministro eléctrico, realizar acciones que alteren el registro de los consumos o suministros reales, o incumplir los pagos de las transacciones del mercado eléctrico de forma que se comprometa su funcionamiento normal.
