36 presos políticos mantienen la huelga de hambre en Ramo Verde pese a restricciones en el recinto
Foto: OVP.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció que los militares siguen aislados en una cancha del centro de reclusión, mientras que los familiares alertaron sobre el deterioro de las condiciones de los detenidos y los riesgos para quienes presentan problemas de salud.
Los 36 presos políticos que se encuentran en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en el estado Miranda, mantienen la huelga de hambre que iniciaron el lunes 9 de noviembre, pese a las restricciones de acceso al agua potable y a los servicios sanitarios que, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), enfrentan dentro del recinto.
Este jueves 12 de noviembre, cuando se cumplen cuatro días de la protesta, la organización informó que los militares continúan concentrados en la cancha del penal, aislados del resto de la población penitenciaria y sin acceso a condiciones básicas. Pese a este escenario, los manifestantes expresaron su decisión de no abandonar la medida.
Durante la jornada, los detenidos se sujetaron de las rejas para hacerse visibles y comunicarse con sus familiares, quienes permanecían en las adyacencias de la cárcel.
“No tenemos miedo, no tenemos miedo”, se escucha que gritaban los detenidos en un video difundido por el OVP, en el que se observa a los militares colgados de las rejas del penal.
La organización advirtió que las restricciones que han denunciado agravan la vulnerabilidad de los manifestantes, especialmente porque varios presentan antecedentes de problemas de salud y secuelas de presuntos episodios de tortura y tratos crueles e inhumanos.
Caso de Luis Gerardo Oviedo
Entre los casos está el del sargento segundo Luis Gerardo Oviedo Piña, detenido por el caso de Cotiza, quien padece arritmia cardíaca. Su madre, Maryuri Piña, alertó sobre los riesgos que enfrenta su hijo mientras participa en la huelga y recordó que lleva siete años y nueve meses privado de libertad.
“Ellos ya cumplieron su pena y deberían estar en la calle”, expresó la mujer, quien exigió respuestas de las autoridades sobre la situación jurídica de su hijo.
Los familiares también denunciaron que a los detenidos les prohibieron el acceso al agua potable y a los baños, además de impedirles ingresar a las celdas donde permanecen habitualmente los reclusos.
“Estamos muy preocupados por lo que vemos en los medios, que los han privado del agua y del acceso a los baños para hacer sus necesidades”, dijo Piña.
Sin respuesta del Ministerio Público y la Defensoría
El OVP cuestionó que, pese a las denuncias públicas sobre las condiciones de los manifestantes, ningún representante del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo se ha presentado en Ramo Verde para verificar su estado y atender sus exigencias.
La huelga comenzó con 21 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana vinculados al caso del comando de Cotiza. Posteriormente, se incorporaron otros privados de libertad hasta alcanzar los 36 manifestantes, entre ellos dos mujeres.
Los detenidos exigen que se revisen las irregularidades denunciadas en sus procesos judiciales, se respeten sus derechos fundamentales y se otorgue libertad plena a quienes aseguran haber cumplido sus condenas.
Cárcel Militar de Ramo Verde, en Los Teques. Foto: Cortesía
El Observatorio Venezolano de Prisiones pidió a las autoridades acudir al centro militar, garantizar la integridad física y psicológica de los manifestantes y abrir una investigación imparcial.
Asimismo, recordó que el Estado debe garantizar el derecho a la protesta pacífica y cumplir con los estándares internacionales de protección de las personas privadas de libertad.
