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Por Douglas C. Ramírez Vera

La toga y el abismo: por qué acelerar el nuevo TSJ define la transición venezolana por Douglas C. Ramírez Vera



La toga y el abismo: por qué acelerar el nuevo TSJ define la transición venezolana por Douglas C. Ramírez Vera

A diez meses de la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una prisión federal de Nueva York, Venezuela sigue atrapada en un limbo institucional que amenaza con malograr

la oportunidad histórica de su reconstrucción republicana.

El cronograma de la transición vuelve a dilatarse: la designación de los 32 magistrados principales y 32 suplentes del nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante la Asamblea Nacional de 2025, prometida originalmente para noviembre, se ha ido corriendo hacia mediados de diciembre, postergando en cadena la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y manteniendo al país sin un horizonte electoral definido. Cada semana de dilación no es un mero ajuste técnico de calendario; es oxígeno para una arquitectura jurídica diseñada para la impunidad y un freno directo a la recuperación económica y democrática.

Para comprender lo que está en juego cuando se posterga la reforma judicial, conviene volver la mirada sobre la lección histórica documentada por el jurista alemán Ingo Müller en Los Juristas del Horror (Hitler's Justice: The Courts of the Third Reich). Müller demuestra que la destrucción del Estado de derecho en Alemania no irrumpió de la noche a la mañana en 1933, sino que se incubó durante la República de Weimar bajo una doble vara judicial y doctrinas como la «defensa del Estado» (Staatsnotstand), que antepusieron la conveniencia del poder a la ley escrita. Cuando el nacionalsocialismo tomó el control, esa judicatura no necesitó ser forzada: sustituyó el principio garantista «nulla poena sine lege» por la máxima totalitaria de Carl Schmitt —«ningún delito sin castigo»— y convirtió los tribunales en «cuerpo de ejército del frente interno». Como resumió con crudeza el tribunal militar estadounidense en el Juicio a los Juristas de Núremberg, en aquel sistema «el puñal del asesino se ocultaba bajo la toga del jurista».

Pero la advertencia más incisiva de Müller para la Venezuela de 2026 no reside solo en el colapso alemán, sino en el error fatal de sus dos transiciones del siglo XX. En 1918, al nacer la República de Weimar, las autoridades democráticas concedieron inamovilidad a la judicatura heredada del Imperio —menos del 0,5 % de los jueces aceptó el retiro voluntario—, preservando en los tribunales a una burocracia hostil que terminó saboteando la democracia desde adentro. Y tras 1945, la Alemania de posguerra repitió la trampa bajo el mito defensivo del «positivismo judicial»: jueces y fiscales que habían servido con entusiasmo a los Tribunales Especiales (Sondergerichte) y al Tribunal del Pueblo (Volksgerichtshof) conservaron sus cargos, sus cátedras y sus pensiones, perpetuando la impunidad corporativa y bloqueando la reparación a las víctimas.

Venezuela enfrenta hoy exactamente ese dilema. Como he advertido en este mismo espacio al analizar el espejismo constitucional venezolano y el tránsito hacia un Estado depredador, el deterioro institucional del país no fue una anomalía coyuntural, sino una «inversión ontológica»: la subordinación sistemática de la justicia y la verdad fáctica a la lógica instrumental de preservación del poder.

En términos del informe especial de Gustavo de Arístegui sobre la acusación en el Distrito Sur de Nueva York, la cúpula estatal mutó en una «Empresa Criminal Conjunta» (Joint Criminal Enterprise) en la que el derecho penal y la toga sirvieron de fachada de legalidad para proteger redes ilícitas y perseguir a la disidencia. Pretender transitar hacia la democracia manteniendo intactos los engranajes judiciales de ese orden —o reemplazándolos mediante cuotas partidistas recicladas— equivale a repetir el suicidio institucional de Weimar.

De allí que la urgencia por nombrar el nuevo TSJ sea inseparable de la exigencia de su absoluta independencia y depuración ética. Resulta alarmante que desde el propio Comité de Postulaciones Judiciales se haya sugerido que la mera renuncia formal a un partido político basta para aspirar a la magistratura. Si algo enseñan estos 27 años de cataclismo institucional —donde la justicia actuó como apéndice del Ejecutivo— es que no se puede sustituir un TSJ partidizado por otro repartido entre facciones.

La sociedad civil y las universidades han marcado el estándar correcto al respaldar candidaturas de reconocida solvencia académica y gremial, como por ejemplo el caso de Magali Vásquez —persona que no conozco—, postulada por la Federación de Colegios de Abogados, la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de Falcón. Lo relevante de ese ejemplo es el respaldo institucional y el origen académico: no basta con declarar que no se tiene militancia partidista, sino acreditar de dónde proviene la postulación.

El nuevo máximo tribunal debe estar integrado por juristas probos, capaces de emprender la reforma integral del sistema judicial hasta alcanzar los tribunales ordinarios en todo el país.

Acelerar este nombramiento es, además, la condición indispensable para destrabar la legitimidad política y la economía real. En el plano constitucional, el interinato de facto ejercido por Delcy Rodríguez ha superado con creces el límite máximo de 180 días previsto en los artículos 233 y 234 de la Carta Magna.

Mientras la Asamblea Nacional eluda declarar la vacante presidencial absoluta, solo una Sala Constitucional legítima e independiente —blindada por el escrutinio público frente a cualquier intento de reparto político— podrá restablecer la supremacía constitucional, habilitar un CNE verdaderamente equilibrado y fijar una ruta electoral creíble que saque al país de la tutela externa y la provisionalidad permanente..

En el plano económico, el mensaje que envían los mercados internacionales es inequívoco. El reciente preacuerdo exploratorio entre ExxonMobil y PDVSA —una corporación expropiada en dos ocasiones que hoy exige reglas claras y un marco jurídico sólido a largo plazo antes de comprometer capitales multimillonarios— confirma que no habrá reconstrucción productiva sin seguridad jurídica. La violación sistemática del artículo 115 constitucional, las expropiaciones arbitrarias y los litigios internacionales que comprometieron activos estratégicos como Citgo en Delaware tienen una raíz común: la inexistencia de un árbitro imparcial que proteja la propiedad, el contrato y la dignidad del trabajo frente al arbitrio estatal.

Sin jueces independientes que garanticen la irenarquía —el orden en el que ni el fuerte abusa del débil ni el Estado asfixia al ciudadano—, no regresarán las inversiones de largo plazo y la dilación terminará dejando la puerta abierta para que las sombras del viejo régimen vuelvan vestidas de legalidad. Superar la inversión ontológica de estas décadas exige, precisamente, restaurar esa irenarquía.