Mérida, Noviembre Miércoles 18, 2026, 10:30 pm
Un grupo de 11 organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos instó a las autoridades encargadas de la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a conducir las próximas etapas de evaluación con estricto apego a los estándares constitucionales e internacionales de transparencia, mérito, idoneidad e independencia.
El pronunciamiento conjunto —divulgado tras culminar el lapso de postulación de aspirantes y difundido por activistas como Oscar Murillo, coordinador general de Provea— está dirigido a la Asamblea Nacional, el Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), el Consejo de Verificación de Credenciales y Requisitos y la Mesa de Diálogo.
En el comunicado, las organizaciones firmantes —entre las que figuran Acceso a la Justicia, Espacio Público, Provea, AlertaVenezuela, WOLA, CEJIL y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)— reconocieron avances preliminares en el mecanismo derivado de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, tales como la inclusión de representantes de la sociedad civil, la difusión de un cronograma público, la conformación de un Consejo de Verificación con mayoría independiente y la publicación de un baremo de evaluación por primera vez en más de dos décadas. Sin embargo, advirtieron que el proceso requiere ajustes inmediatos para asegurar que los nuevos magistrados sean juristas independientes de reconocida honorabilidad.
“Si este proceso de designación de magistrados del TSJ finaliza, como esperamos, con estricto apego a la norma, transparencia y escrutinio ciudadano, estaremos presenciando un hito en el camino hacia el rescate del Estado de derecho”, destacó Murillo al compartir el exhorto institucional.
Para garantizar un escrutinio objetivo en las etapas venideras dentro del cronograma vigente, las ONG propusieron ocho medidas concretas:
La convocatoria para renovar la directiva y las salas del Máximo Tribunal forma parte de los compromisos asumidos en las negociaciones políticas entre representantes del gobierno y sectores de la oposición dentro de la Mesa de Diálogo.
De acuerdo con los informes técnicos de organismos internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la reforma estructural de los mecanismos de selección de jueces y magistrados constituye un requisito fundamental para restablecer la autonomía del Poder Judicial y garantizar la tutela judicial efectiva en el país. Las ONG concluyeron reiterando que esta fase representa una oportunidad histórica para iniciar la recuperación institucional del sistema de justicia venezolano.
Con información de El Diario