Provea denunció violación a la soberanía nacional durante operativo que acabó con la vida del Niño Guerrero

Provea denunció una violación a la soberanía nacional con el operativo ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos en el estado Bolívar. En este hecho resultó muerto Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la organización criminal Tren de Aragua, lo que la organización calificó como una ejecución extrajudicial.

"La cesión de soberanía en el sur de Venezuela no es nueva, lo nuevo es que ahora es pública y notoria: el Comando Sur de Estados Unidos opera en territorio venezolano con la complacencia y coordinación del gobierno de Delcy Rodríguez", indicó Provea a través de las redes sociales.

Exigen transparencia

En este sentido, la organización exigió transparencia sobre esta operación. "Exigimos transparencia sobre los acuerdos que amparan esta operación, el saldo humano del operativo y garantías de que no se repetirán patrones de ejecuciones extrajudiciales que han enlutado a sectores vulnerables del país", señalaron.

El ente consideró que la administración de Rodríguez "no puede abrir carta blanca a nuevas violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

La organización recordó que la creación del Arco Minero en 2016 propició los daños al territorio. Estas zonas quedaron en el abandono por parte de las autoridades y ahora "irrumpen en ellos con violencia".

Destacaron que el operativo coordinado entre Estados Unidos y Venezuela resultó en la muerte de Niño Guerrero. Sin embargo, el pasado 9 de junio, Provea solicitó al gobierno de Rodríguez informar sobre los procedimientos militares en el estado Bolívar. Pidieron conocer el número de detenidos, la situación legal y la condición de los civiles en el área, sin obtener respuestas.

Sin embargo, días después la Casa Blanca informó sobre el operativo en el que resultó abatido el líder del Tren de Aragua. "Dada la información disponible, este hecho constituye presuntamente una violación de la soberanía territorial y una ejecución extrajudicial", indicó.

Al respecto, agregaron: "La lucha contra el crimen organizado debe realizarse bajo la obligación estricta, por parte de las autoridades del Estado, de garantizar la seguridad a la población. No puede desarrollarse sin respetar la Constitución y las instituciones, ni violando la soberanía nacional".

Intervención venezolana

Provea pidió informar sobre la intervención de las autoridades venezolanas en el operativo. Cuestionó al fiscal general de la República, Larry Devoe, sobre si tuvo conocimiento del operativo. También preguntaron si se haría una investigación por muertes potencialmente ilícitas.

Mientras que a la Defensoría del Pueblo la instó a explicar qué hizo para garantizar que la operación se desarrollara con respeto a los derechos humanos.