La encíclica Rerum Novarum que construyó a Mérida por Giovanny Marquina
A finales del siglo XIX, la Revolución Industrial convulsionaba al mundo occidental, pero el progreso técnico traía consigo una profunda tragedia humana. Por un lado, el liberalismo económico e industrial reducía al trabajador a una mercancía descartable, sujeto a jornadas inhumanas de más de 14 horas y salarios de miseria bajo el dogma del laissez-faire o "dejar hacer." Por el otro, el socialismo marxista naciente prometía la emancipación obrera, pero a costa de la lucha de clases, el materialismo ateo y la supresión de la libertad individual bajo la hegemonía del Estado. En medio de esa encrucijada donde el ser humano quedaba asfixiado por el capital o aplastado por el colectivismo, el 15 de mayo de 1891 el Papa León XIII promulgó la histórica encíclica carta Rerum Novarum, "De las cosas nuevas". Lejos de ser una mera exhortación piadosa, este documento constituyó la piedra angular de la Doctrina Social de la Iglesia y el verdadero certificado de nacimiento teológico-político del pensamiento demócrata cristiano.
Para comprender la ideología socialcristiana es indispensable desglosar los ejes conceptuales que León XIII dejó asentados en su carta. En primer lugar, la dignidad inviolable del trabajador y el salario justo, denunciando con firmeza que un número reducido de opulentos había impuesto sobre la multitud de proletarios un yugo casi de esclavitud, afirmando que el trabajo no es un simple bien de mercado sino una actividad ligada a la dignidad de la persona, por lo que exigió el derecho a un salario justo que permitiera al obrero no solo subsistir, sino sostener a su familia con decencia y ahorrar. En segundo lugar, la defensa de la propiedad privada con función social, la cual, frente a la tesis marxista de su abolición, fue defendida como un derecho natural esencial para la libertad y la estabilidad familiar, aclarando que no es un derecho absoluto ni egoísta, sino que debe ordenarse al bien común de la comunidad. En tercer lugar, el rol regulador y tutelar del Estado, rompiendo con la tesis liberal del "Estado policía" al argumentar que la autoridad pública tiene el deber moral de intervenir para proteger a los más débiles y vulnerables, garantizando descansos dominicales, límites a las jornadas laborales y la protección de mujeres y niños en las fábricas. Y por último, el asociacionismo y la armonía social mediante el sindicalismo cristiano, rechazando categóricamente la lucha de clases como motor de la historia y postulando que el capital y el trabajo se necesitan mutuamente, legitimando el derecho de los trabajadores a crear sindicatos y asociaciones gremiales para defender sus derechos mediante el diálogo social. Las
Cuatro décadas después de la Rerum Novarum, el filósofo francés Jacques Maritain tradujo estos principios eclesiales en un corpus político aplicable a las democracias seculares modernas. En su obra Humanismo Integral, publicada en 1936, Maritain articuló el "humanismo teocéntrico", una visión que distingue entre la condición material del individuo y la dignidad espiritual e inalienable de la persona. Maritain planteó que la democracia no era un simple cálculo electoral, sino una estructura moral, rechazando el añejo modelo de Estado confesional coercitivo y proponiendo una "Nueva Cristiandad" pluralista, donde los valores del Evangelio no se imponen por la fuerza de la ley, sino que actúan como levadura e inspiración ética para el compromiso libre de los ciudadanos en la vida pública.
Esta corriente ideológica cruzó el Atlántico y halló fértil terreno en la Venezuela de mediados del siglo XX. Con la fundación de COPEI en 1946, liderado por figuras como Rafael Caldera, Lorenzo Fernández, Luis Herrera Campíns, José Antonio Pérez Díaz y Pedro del Corral, el socialcristianismo venezolano asumió el compromiso de traducir la Rerum Novarum y el Humanismo Integral en una política de Estado orientada a la justicia social, el desarrollo humano y la institucionalidad democrática. Pocas regiones en la geografía venezolana expresan con tanta fidelidad esta visión política como el estado Mérida. Tanto durante las administraciones nacionales copeyanas como en las gestiones regionales de gobernadores como Germán Briceño Ferrigni y Jesús Rondón Nucete, "Chuy Copei", el ideario demócrata cristiano se tradujo en una infraestructura con profundo sentido humano que transformó para siempre la realidad física, social y cultural de la entidad.
La integración urbana para la cohesión social se materializó en obras de ingeniería monumental que rompieron el aislamiento geográfico de la meseta del Albarregas. La edificación del Viaducto Campo Elías en la calle 26, el Viaducto Miranda y el posterior Viaducto Sucre en Pie del Llano, sumados al trazado estratégico de la Avenida Las Américas, respondieron al principio de conectar la trama urbana, humanizar el espacio público y unir al centro histórico con las comunidades en crecimiento, integrando a sectores tradicionalmente excluidos. Esta visión de conjunto se complementó con las obras de protección ambiental, puentes de interconexión y caminerías a lo largo de la cuenca del río Albarregas con la creación de su red de parques, la edificación de la sede principal de la Policía Técnica Judicial (PTJ) para garantizar la seguridad ciudadana, y la instalación de módulos de atención e infraestructura del Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS), junto a la construcción de plantas de tratamiento, acueductos regionales y la canalización de quebradas en Ejido y el área metropolitana de Mérida.
El compromiso con el desarrollo energético y productivo encarnó la doctrina de la propiedad y el Estado con función social mediante la construcción del Complejo Hidroeléctrico "Gral. José Antonio Páez" en el río Santo Domingo, una obra gigante que transformó los recursos hídricos en el motor de generación eléctrica para todo el occidente venezolano. De manera paralela, para garantizar la justicia territorial y el desarrollo del campo, se articuló una extensa red de vialidad intercomunal y de penetración agrícola que conectó al eje Tabay-Mérida-Ejido-Lagunillas con los rincones más lejanos del Valle del Mocotíes, la zona del Páramo y muy especialmente con los Pueblos del Sur. Fue precisamente allí, bajo la gestión del Dr. Jesús Rondón Nucete, donde la atención hacia estas comunidades históricamente aisladas como Aricagua, Canaguá, Chacantá, Guaraque, Mucuchachí, Mucutuy y Zea se convirtió en uno de los ejes más emblemáticos y prioritarios de su administración, logrando una histórica interconexión vial mediante el asfalto continuo, la pavimentación y consolidación de carreteras, la apertura de ramales agrícolas y la construcción de puentes y pasos de agua estratégicos.
Esta transformación vial vino acompañada por un plan de electrificación rural total que llevó tendidos eléctricos, alumbrado público y energía directa a fincas y asentamientos campesinos, complementado con un decidido acompañamiento financiero y técnico al productor del campo a través de Fondagro, otorgando créditos preferenciales, asistencia técnica especializada e infraestructura para la producción que dinamizaron la economía rural.
La promoción humana a través de la educación y la salud se convirtió en el eje de la dignificación de la persona, extendiendo esta visión hacia las zonas urbanas y rurales por igual. El impulso decisivo a la infraestructura de la Universidad de Los Andes (ULA), mediante la consolidación y expansión de los núcleos universitarios de Liria y La Hechicera, la edificación del emblemático Hospital Universitario de Los Andes (HULA) y la consolidación de la atención médica rural con la construcción, remodelación y dotación de ambulatorios, centros de atención sanitaria, escuelas rurales y una moderna red de hospitales en el Mocotíes, el Páramo y los Pueblos del Sur, reafirmaron el principio de que la salud y la educación son las herramientas primordiales para la emancipación y la movilidad social.
Bajo esta misma visión humanista, la cultura y el deporte dejaron de ser privilegios de élites para convertirse en derechos ciudadanos al alcance de todos. Muestra de ello fue la edificación del majestuoso Coliseo de Tovar en el Valle del Mocotíes, concebido como una obra monumental para albergar eventos taurinos, deportivos y culturales de gran escala. Asimismo, el rescate del patrimonio histórico y arquitectónico alcanzó niveles inéditos mediante la restauración de la Hacienda La Victoria en Santa Cruz de Mora, la recuperación de la Casa del General José Antonio Paredes para convertirla en el Museo de Arte Colonial, la adecuación de la Casa del Obispo Bosset como sede de la Cantoría, la Orquesta Típica y la Banda Sinfónica, y la transformación de antiguas casonas como la Antigua Casa de Los Gobernadores, ateneos, teatros y casas de la cultura en municipios y poblaciones como Zea, Timotes, Torondoy, Bailadores, Tovar y Pueblo Llano. Todo este esfuerzo social y cultural fue respaldado por la creación de una amplia red de bibliotecas públicas a lo largo del estado, entre las que destaca la Biblioteca Ermelinda Molina en la parroquia Chacantá, democratizando así el acceso al conocimiento y protegiendo la identidad regional.
Al trazar la línea histórica que une las páginas de la Rerum Novarum de León XIII, la reflexión antropológica del Humanismo Integral de Jacques Maritain, el surgimiento de COPEI y la siembra de obras en la geografía merideña, se revela una verdad política fundamental: una ideología cobra validez permanente cuando no se queda en la retórica, sino que se transforma en dignidad, servicio y bienestar para la persona. En tiempos donde el debate público suele degradarse entre la polarización estéril y el pragmatismo desprovisto de valores, el testimonio histórico de la Mérida socialcristiana nos recuerda que es posible gobernar con visión de futuro, eficiencia técnica y, sobre todo, con un innegociable respeto por la dignidad humana.
