Mérida, Septiembre Miércoles 09, 2026, 08:06 am
El 20 de enero de 1830 Simón Bolívar hizo una dramática observación ante el Congreso convocado en Bogotá para tratar de remediar los males de Colombia: “Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás”. Para obtenerla se había sacrificado porcentaje importante de la población, abandonado instituciones útiles y destruido parte de la obra material de siglos. A casi 200 años, se ha perdido la independencia: se ha impuesto la tutela del país que entonces pretendía la hegemonía regional; y se ha entregado el manejo de sus riquezas a responsables de sus dolencias.
La historia, como hecho humano, no se repite. Pero, deja enseñanzas que conviene estudiar. El destino de los vencedores de la II Guerra Mundial fue distinto porque impusieron a los vencidos (o sometidos) que les tocó dirigir regímenes muy diferentes. En Europa y en Japón al poco tiempo Estados Unidos (y sus aliados) confiaron a los ciudadanos de los países derrotados las tareas de reconstrucción y el poder político necesario para llevarlas a cabo. Incluso, les permitieron reincorporarse a la comunidad internacional. En Europa Oriental, la Unión Soviética pretendió imponer regímenes similares al suyo (totalitario, centralizado, socialista) a pueblos que luchaban desde siglos por mantener su identidad y vivir en libertad. Por un tiempo, aquella potencia lo consiguió mediante la fuerza; pero los reclamos se intensificaron hasta que no pudieron ser contenidos. Al cabo, cayeron los muros y el imperio se desintegró. Causó tal impacto que rápidamente también su centro implosionó.
La Administración norteamericana, no tiene una respuesta adecuada a la situación venezolana. En enero pasado parecía que se había fijado un programa de acción a cumplirse en tiempo razonable. El secretario de Estado afirmó ante el Senado (28.1.26) que se ejecutaría en tres etapas (cuya duración no precisó): estabilidad y control, recuperación económica y transición democrática. Recientemente ha dicho que serán largas porque “Venezuela no está preparada para la democracia” (aunque la practicó por cuarenta años). La verdad se ha revelado en estos días: como se verá, está en marcha un plan para traspasar el manejo de parte importantísima de los inmensos recursos del país a una empresa controlada por el gobierno norteamericano. Su puesta en marcha requiere de tiempo: por eso la premura en aprobar sigilosamente los documentos que lo autoricen y el empeño en retrasar la instalación de un gobierno democrático que lo rechazaría como contrario al interés nacional.
El 28 de agosto pasado el régimen del poder en Venezuela y la Administración Trump de Estados Unidos (que lo tutela) firmaron un acuerdo (con vigencia de 25 años) para el manejo de la industria petrolera de aquel país. El texto oficial no se ha hecho público(!), pero se ha difundido algunos aspectos. Se creará una empresa conjunta con participación (de al menos 35%) de la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Defensa de USA y NABEP (North American Blue Energy Partners, con sede en Barbados, controlada por el venezolano Alejandro Betancourt, “bolichico” de contratos incumplidos) para el desarrollo (mediante inversión de $100.000 millones) de 17 campos petroleros, que contienen alrededor de 65.000 millones de barriles (cantidad equivalente a una quinta parte de las reservas probadas venezolanas, estimadas en 303.806 millones de barriles). Según Delcy Rodríguez, el proyecto pagará al fisco $209.300 millones en impuesto y regalías.
Sin conocer el texto definitivo la “asamblea nacional” (de mayoría “madurista”) rápidamente aprobó una resolución en apoyo al convenio suscrito. La prensa no reportó votos discrepantes y el “presidente” del cuerpo – que no representa la voluntad popular – declaró que tenía el favor de una “evidente” mayoría. El convenio, aún no publicado, recibió el respaldo de sectores empresariales y algunos “analistas” de temas económicos: creen que las inversiones previstas generarán crecimiento global, lo que permitiría mejorar la situación social. Ha sido rechazado por sectores del chavismo original, por casi toda la oposición democrática y sobre todo por el pueblo, que se opone al manejo extranjero de sus riquezas. María Corina Machado, por su parte, advirtió que el asunto se ha manejado con opacidad y que, aunque se deben tener buenas relaciones con Estados Unidos, el petróleo debe servir para beneficio de los venezolanos. Expresamente negó autoridad al régimen para negociar un convenio semejante.
El convenio permite a la administración americana manejar el negocio petrolero de Venezuela. Así lo ha dicho el presidente Donald Trump y lo entienden muchos venezolanos. Conviene señalar que no impide a quienes usurpan el poder firmar convenios con otras empresas para tareas de producción o comercialización del crudo. Y en efecto, lo hicieron (el 2/9) con empresas privadas de USA, Europa e, incluso, una venezolana. De manera que la entrega del petróleo a intereses extranjeros es mayor de lo anunciado. Extrañamente, no se refiere a PDVSA, que todavía existe. Fue un actor importantísimo en el mapa petrolero global; pero recuerda los éxitos de la democracia. Se confía la operación – lo que inquieta a muchos – a un empresario venezolano que suscribió contratos destinados a la reconstrucción del sistema eléctrico del país (2.010) que no se cumplieron (pero le produjeron ganancias). Después estableció la empresa mencionada atrás que produce 200.000 barriles diarios.
El convenio contempla cláusulas leoninas, que ningún otro país aceptaría. Una: La mayoría de los integrantes de la junta directiva de la empresa operadora deben ser ciudadanos estadounidenses; y los representantes del ente oficial tendrán poder de veto en ciertas decisiones. Dos: Estados Unidos adquirirá el 20% de la producción a precio de costo y en forma preferencial parte del volumen restante. Por eso, ya D. Trump considera las reservas venezolanas como parte de las reservas estratégicas de su país. Y tres: el acuerdo estará sometido a la legislación y a los tribunales de Estados Unidos. Washington no confía en la seriedad de su nuevo socio, hasta ayer su enemigo más activo al sur del continente. Tales cláusulas son contrarias a lo dispuesto en el artículo 301 de la CRBV: “No se podrá otorgar a personas, empresas u organismos extranjeros regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales”.
Donald Trump y sus colaboradores ignoran nuestra historia. Miranda fue el más activo promotor de la independencia; y Venezuela y la Nueva Granada libraron las más largas guerras contra tropas españolas. Nunca desde entonces el país ha sido ocupado por potencias extranjeras. Resistió intentos de invasión, como el de guerrilleros cubanos, entrenados en África. Precisamente, los opositores reclamaban al chavismo la entrega de servicios a oficiales cubanos y la tolerancia de otros irregulares en su territorio. Venezuela mantuvo siempre buenas relaciones con Estados Unidos. Reconoció su apoyo ante las pretensiones de Gran Bretaña en la Guayana y a su vez, le ofreció el suyo en las horas difíciles de la II Guerra Mundial. Colaboró con iniciativas importantes en la reorganización de la comunidad internacional, como también en la pacificación de Centroamérica. Siempre, sin embargo, cuidó su soberanía: sus mandatarios expresaron, con prudencia, sus divergencias. Los gritones fueron, curiosamente, los “amigos” de hoy.
La gente de Trump desconoce la capacidad de los venezolanos, manifestada a lo largo del tiempo. Miranda, Bolívar, Bello, Sucre eran venezolanos. A pesar de la destrucción y el atraso que dejó un siglo de guerras y revoluciones, desde el “reventón” del petróleo supieron aprovechar los recursos que generó su explotación. A finales del siglo XX Venezuela contaba con la mejor infraestructura de la región; y aunque la corrupción, mal endémico, fue una rémora, la economía figuraba entre las primeras y más dinámicas de la región. Además, fue por décadas una democracia estable, respetada en la comunidad internacional. No faltaban, por supuesto, las dificultades, nacidas de errores humanos. Ese país, que vivía la modernidad y atraía millones de inmigrantes, no lo levantó una autoridad instalada por una potencia extranjera. Fue la obra de los venezolanos, muchos de ellos de orígenes lejanos. Y son ellos los que han luchado para recuperarlo y mejorarlo.
En ocasiones Estados Unidos ha favorecido la extensión a otros pueblos de los principios liberales que afirmó en sus orígenes. No es el caso en estos días. Para Donald Trump la comunidad internacional, más que estructura para el bien común, es espacio donde “America” puede obtener grandes beneficios. Hace poco anunció que “había tomado Venezuela” y que sus reservas petroleras estaban en venta. Del resultado se dejará una pequeña parte a aquel país. Pero ¿no corresponde a los ciudadanos decidir asuntos que afecten el destino de la Patria? ¿Discusión de leguleyos? No. Es problema existencial de los venezolanos.
(*) Profesor Titular de la Universidad de los Andes (Venezuela).
X: @JesusRondonN